El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina cerró 2025 con 200 víctimas directas, la cifra más baja desde su creación en 2014. El descenso se concentró en el último bienio, después de una década en la que el registro osciló entre 225 y 260 víctimas anuales sin tendencia definida. Este cuarto artículo de la serie examina esa trayectoria, la contrasta con la evolución general de los homicidios de mujeres y muestra por qué la violencia letal de género se comporta como el componente más rígido del homicidio en Argentina.
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Mientras la violencia letal se ubica en los niveles más bajos de la serie estadística, los delitos contra la propiedad recorrieron la última década en sentido contrario: robos y hurtos crecieron entre 2017 y 2024 hasta acercarse a los máximos de la serie, y recién en 2025 registraron una caída abrupta y simultánea en las veinticuatro jurisdicciones. Este tercer artículo de la serie examina esa trayectoria con los datos del SNIC 2000-2025, revisa qué muestra el nivel provincial y departamental, y explica por qué estas cifras exigen una lectura distinta de la que admiten los homicidios.
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Argentina cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja de su serie histórica. Ese promedio nacional reúne situaciones muy distintas: provincias que redujeron su tasa a la mitad en una década, otras que apenas la modificaron, un puñado de departamentos donde se concentra la violencia letal y algunas variaciones porcentuales llamativas que, examinadas de cerca, no reflejan ningún cambio. Este segundo artículo de la serie recorre el mapa provincial y departamental del homicidio con los datos oficiales del SNIC.
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Argentina registró en 2025 una tasa de 3,6 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, el valor más bajo desde que existen registros sistemáticos y un 62% inferior al pico de 2002. Es, además, la tasa más baja de América Latina entre los países con estadísticas verificables. Este artículo recorre veintiséis años de datos oficiales para reconstruir cómo se llegó hasta aquí, qué ocurrió en los dos últimos años y qué preguntas siguen abiertas.
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Los teléfonos celulares son los bienes más robados en Argentina. Representan el 26.6% en las categorías de bienes sustraídos mediante robo o hurto personal o a la vivienda. Le siguen el dinero, tarjetas de crédito o cheques (16.2%) y bolso, cartera, mochila o portafolio (15.4%).
El alto valor de los teléfonos celulares (en relación a su tamaño), y el hecho de que sea un bien que lleva consigo la mayoría de las personas, los convierte en un objetivo de gran atracción para los delincuentes. En muchas ocasiones, el celular es el objeto de mayor valor que lleva consigo una persona en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando circula por espacios públicos. Los celulares tienen además un mercado ilegal muy activo, que no logra ser desarticulado a pesar de varias acciones que se han intentado en ese sentido.
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La prevalencia delictiva es la proporción de hogares o personas que han experimentado uno o más delitos en el período de referencia de una encuesta de victimización, en este caso, durante el año 2016. Refiere a las cantidades de víctimas, en términos de hogares o personas, a diferencia de la incidencia delictiva, que cuenta la cantidad de delitos. La prevalencia delictiva contabiliza una única vez a cada víctima, aunque la misma haya sido victimizada en más de una oportunidad durante el período de referencia. Otros indicadores tienen en cuenta la cantidad de veces que una persona ha sido víctima de distintos delitos (multivictimización) o que ha sido victimizada en más de una oportunidad por el mismo delito (revictimización).
La segunda parte de la ENV 2017 indaga sobre las experiencias de victimización y se establecen, siguiendo los estándares internacionales, dos grupos de delitos específicos: delitos contra los hogares y delitos contra las personas.
Las preocupaciones sobre la seguridad impactan de muy diversas maneras en la vida de los ciudadanos. En la medida en que las personas se perciben vulnerables, ya sea a sí mismas o a su entorno familiar, tienden a tomar medidas orientadas a la prevención y protección frente al delito. Estas acciones, suelen diferenciarse entre aquellas relacionadas con la instalación o implementación de medidas de seguridad, y aquellas que implican cambios en los comportamientos rutinarios.
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La relevancia de analizar los indicadores que reflejan los niveles de confianza en las instituciones radica en su influencia en la conformación de las percepciones de inseguridad de la población.
El público se siente más seguro en la medida en que considera que puede confiar en la policía y las autoridades relacionadas con la prevención y el control del delito, que éstas realizan de manera eficiente su tarea, y que están predispuestas a responderle en caso de necesidad. Del mismo modo, las opiniones sobre el desempeño de las instituciones del sistema judicial penal afectan las percepciones sobre inseguridad, según la medida en que la población confíe en estos actores y su eficiencia, ésta última en evaluada en términos de ausencia de impunidad.
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La percepción es la dimensión subjetiva de la inseguridad, y se distingue de la dimensión objetiva constituida por los hechos concretos de violencia y los delitos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diferencia entre inseguridad objetiva y subjetiva. La primera refiere a los niveles reales y objetivos de inseguridad, medida en términos de probabilidad de victimización, y refleja el grado de seguridad o de inseguridad; mientras que la segunda es la estimación que cada quien hace sobre el grado de riesgo al que está expuesto. La percepción de inseguridad es una construcción social basada en la evaluación por parte de los ciudadanos de las condiciones de seguridad o inseguridad de su entorno. Su estudio es particularmente importante ya que condiciona la calidad de vida de los ciudadanos, generando, por ejemplo, conductas de autoprotección, como adoptar medidas de seguridad en el hogar o cambios de hábitos en relación a las actividades cotidianas.
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El conocimiento de los niveles reales de victimización, sus patrones y tendencias, así como las maneras en que éstos afectan a la población es un supuesto básico para el diseño de políticas públicas eficientes destinadas al control y la prevención del delito.