Mientras la violencia letal se ubica en los niveles más bajos de la serie estadística, los delitos contra la propiedad recorrieron la última década en sentido contrario: robos y hurtos crecieron entre 2017 y 2024 hasta acercarse a los máximos de la serie, y recién en 2025 registraron una caída abrupta y simultánea en las veinticuatro jurisdicciones. Este tercer artículo de la serie examina esa trayectoria con los datos del SNIC 2000-2025, revisa qué muestra el nivel provincial y departamental, y explica por qué estas cifras exigen una lectura distinta de la que admiten los homicidios.
Los dos artículos anteriores de esta serie describieron el descenso de los homicidios dolosos en Argentina, primero a escala nacional y regional y luego en su geografía provincial y departamental. Ambos cerraron con la misma advertencia: la baja de la violencia letal convive con indicadores que no acompañan, como las lesiones dolosas y las amenazas, y con un panorama del delito contra la propiedad que durante casi toda la década fue desfavorable. Este artículo se ocupa de ese panorama.
La fuente es la misma: las bases abiertas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) para el período 2000-2025, complementadas con el Informe SNIC 2025 publicado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Pero el objeto es distinto, y esa diferencia condiciona todo lo que sigue. Los homicidios dolosos son un delito de registro casi completo: prácticamente todos llegan al conocimiento del Estado y su conteo es comparable entre jurisdicciones y a lo largo del tiempo. Los robos y hurtos no. Lo que el SNIC contabiliza son hechos denunciados o registrados de oficio por las fuerzas de seguridad, y la distancia entre lo que ocurre y lo que se registra depende de la propensión de las víctimas a denunciar, de la accesibilidad de las comisarías, de los sistemas informáticos de cada provincia y de las decisiones de carga y clasificación de cada fuerza. Las series que se presentan a continuación describen con precisión la evolución del delito registrado; su relación con el delito efectivamente cometido es más incierta, y a lo largo del texto se señalan los puntos donde esa incertidumbre pesa más.
Un cuarto de siglo de robos y hurtos
En 2025 el SNIC registró 360.946 robos y 308.523 hurtos en todo el país. Medidos por cada 100.000 habitantes, la tasa de robos fue de 778 y la de hurtos de 665. Son cifras altas en términos absolutos y, al mismo tiempo, las más bajas de la serie para los robos si se excluye el año 2020, cuando las restricciones a la circulación por la pandemia hundieron todos los indicadores de delito callejero.
La serie de veintiséis años tiene una forma reconocible. Los robos parten de 873 en 2000, alcanzan su máximo histórico en 2002 (1.128, en el punto más agudo de la crisis económica) y descienden hasta 2006. Desde entonces suben de manera sostenida hasta un segundo pico en 2014 (1.051) y oscilan alrededor de 900-1.000 hasta 2019, cuando tocan 1.052. La pandemia produce el desplome de 2020 (741), seguido de una recuperación que llega a 985 en 2023 y 1.003 en 2024, es decir, un nivel equivalente al de los máximos de 2014 y 2019. La caída de 2025 lleva la tasa a 778, un 22% por debajo del año anterior.
Los hurtos siguen un recorrido parecido en la primera mitad de la serie (801 en 2000, 993 en 2002, descenso hasta 683 en 2008), pero luego se separan: mientras los robos se recuperan, los hurtos se mantienen entre 570 y 680 durante toda la década de 2010 y tocan su mínimo en 2017 (574). A partir de ahí crecen con más intensidad que los robos: 743 en 2019, 793 en 2023 y 805 en 2024, el valor más alto desde 2002. En 2025 bajan a 665, un 17% menos que en 2024.
Vale detenerse en la década 2015-2024, porque es la que define el contraste con la violencia letal. Entre 2017 y 2024, mientras la tasa de homicidios pasaba de 5,3 a 3,8 víctimas cada 100.000 habitantes, la tasa de robos subió 12% y la de hurtos 40%. Si se compara el promedio anual del período 2021-2024 con el de 2015-2018, los robos quedan levemente por debajo (914 contra 941) y los hurtos claramente por encima (718 contra 602). El crecimiento del hurto en la última década es uno de los rasgos menos comentados de la serie: la relación entre hurtos y robos, que era de 0,62 en 2014, llegó a 0,85 en 2025.
La caída de 2025
La baja de 2025 es la más pronunciada de la serie fuera del año de la pandemia. En hechos, robos y hurtos sumados pasaron de 837.158 a 669.469, unos 168.000 registros menos en un año. Tres características la distinguen de otras bajas anteriores.
La primera es su generalidad. Las veinticuatro jurisdicciones registran caídas en robos y las veinticuatro registran caídas en hurtos. En robos, el rango va de −2% en Tierra del Fuego a −40% en Catamarca, con dieciocho jurisdicciones entre −14% y −32%. La provincia de Buenos Aires, que concentra el 29% de los robos del país, cae 17%, menos que el promedio nacional; la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe caen entre 27% y 29%. Esta distribución tiene una consecuencia metodológica relevante, que se retoma en la ficha técnica: la caída no está fabricada por los cambios de registro que el informe oficial señala para la provincia de Buenos Aires. Si se excluye a esa provincia del total, la tasa de robos del resto del país pasa de 1.177 en 2024 a 890 en 2025, una baja de 24%, superior a la del agregado nacional.
La segunda es que la caída no ocurre solo en las grandes ciudades. De los 549 departamentos y comunas con datos, 460 registran menos robos que en 2024 y solo 89 registran más. Los tres departamentos con mayor volumen (Córdoba Capital, La Matanza y Rosario) explican en conjunto el 25% de la reducción nacional en hechos, y los veinte de mayor caída absoluta explican el 53%; el resto se reparte entre cientos de unidades territoriales pequeñas. Solo el 18% de la varianza del cambio 2024-2025 entre departamentos corresponde a diferencias entre provincias: el fenómeno tiene una granularidad local que no se explica bien por gestiones o registros provinciales.
La tercera es que se trata de una caída dentro de una serie que venía en alza. A diferencia del descenso de los homicidios, que acumula casi una década de tendencia sostenida, la baja de robos y hurtos de 2025 corta una recuperación de cuatro años posterior a la pandemia y deja los indicadores en un nivel que sigue siendo alto en perspectiva histórica: la tasa de robos de 2025 (778) es un 11% inferior a la de 2000 y la de hurtos (665) apenas un 2% superior a la de 2014. Un solo año de baja, por intenso que sea, no alcanza para hablar de un cambio de tendencia. El informe oficial, además, señala que el dato 2025 permanece en proceso de consolidación.
El total nacional y el total sin la provincia de Buenos Aires
| Año | Robos, total país | Robos, sin PBA | Hurtos, total país | Hurtos, sin PBA |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 893 | 1.156 | 574 | 741 |
| 2019 | 1.052 | 1.193 | 743 | 853 |
| 2020 | 741 | 826 | 509 | 587 |
| 2022 | 860 | 1.048 | 680 | 832 |
| 2023 | 985 | 1.207 | 793 | 969 |
| 2024 | 1.003 | 1.177 | 805 | 987 |
| 2025 | 778 | 890 | 665 | 805 |
| Variación 2025/2024 | −22% | −24% | −17% | −18% |
Hechos cada 100.000 habitantes. Robos excluye agravados por lesiones o muerte; ambos excluyen tentativas. La columna "sin PBA" recalcula la tasa del conjunto de las otras 23 jurisdicciones. Fuente: elaboración propia sobre SNIC e INDEC.
El cuadro también permite ver algo que el total nacional disimula: la provincia de Buenos Aires registra sistemáticamente menos robos por habitante que el resto del país (593 contra 890 en 2025), y su peso en el total creció de 20% en 2017 a 30% en 2019 por un salto de registro que se describe en la ficha técnica. Ese salto explica una parte del pico nacional de 2019: fuera de la provincia, la tasa de robos de 2019 (1.193) es apenas superior a la de 2017 (1.156) y a la de 2023 (1.207). Vista sin Buenos Aires, la última década es una meseta alta con el hueco de la pandemia en el medio, más que una sucesión de picos y valles.
Qué pasó en cada provincia
La comparación entre jurisdicciones es el terreno donde más pesa la advertencia inicial. Las diferencias de nivel entre provincias son enormes: en 2025 la tasa de robos de la Ciudad de Buenos Aires (1.616) es 7,3 veces la de La Pampa (221), y esa distancia se mantiene con pocas variaciones a lo largo de toda la serie. Una parte de esa brecha refleja diferencias reales en la frecuencia del delito, que en todas partes es más alta en las grandes ciudades. Otra parte, imposible de medir con estos datos, refleja diferencias en la disposición a denunciar y en la capacidad de registro. El mapa de 2025 debe leerse con esa doble naturaleza en mente.
El mapa distingue tres grupos. Por encima de 1.000 robos cada 100.000 habitantes están la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Salta, con Neuquén apenas debajo. En un rango intermedio, entre 500 y 900, aparecen Santiago del Estero, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires, Formosa, Jujuy y San Luis. Y por debajo de 500 se ubican Catamarca, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Corrientes, Chaco, Tierra del Fuego y La Pampa. Es un mapa parecido al de años anteriores; lo que cambió en 2025 es el nivel general, no el ordenamiento.
Las trayectorias de veintiséis años, ordenadas por el nivel de 2025 y comparadas con la línea nacional, muestran que las provincias no recorrieron el mismo camino. Un primer grupo tuvo su máximo en el pico de la crisis de 2002-2003 y desde entonces desciende con altibajos: es el caso de la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Corrientes, Chaco, Misiones y La Pampa, y en todas ellas la tasa de 2025 está entre 40% y 75% por debajo de aquel máximo. Un segundo grupo, más numeroso, alcanzó su máximo entre 2012 y 2014 y se mantuvo alto durante toda la década siguiente: Mendoza, Córdoba, Salta, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Jujuy, San Luis y Catamarca. La Ciudad de Buenos Aires tuvo su máximo antes, en 2008, con una tasa de 2.885 que ninguna otra jurisdicción alcanzó nunca. Y un tercer grupo llegó a su máximo en el bienio 2022-2024, es decir, inmediatamente antes de la caída: San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Formosa. En 2025 cinco jurisdicciones (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes y Neuquén) registran la tasa de robos más baja de toda su serie.
La caída de 2025 se superpone a esas historias distintas sin alterarlas. Como el descenso fue proporcionalmente parecido en casi todas las jurisdicciones, la dispersión entre provincias apenas se modificó: el coeficiente de variación de las tasas provinciales, que en los homicidios cayó de manera pronunciada en la última década, en robos permanece en torno a 0,52-0,54 desde 2019.
Robos y hurtos por jurisdicción, 2025
| Jurisdicción | Robos (hechos) | Tasa robos | Var. 2025/24 | Hurtos (hechos) | Tasa hurtos | Var. 2025/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Buenos Aires | 49.771 | 1.616 | −27,1% | 50.191 | 1.630 | −20,3% |
| Mendoza | 26.973 | 1.318 | −13,9% | 18.633 | 910 | −11,2% |
| Córdoba | 49.979 | 1.263 | −26,8% | 36.327 | 918 | −25,1% |
| San Juan | 9.455 | 1.114 | −22,3% | 7.340 | 864 | −24,6% |
| Salta | 15.757 | 1.060 | −18,0% | 17.950 | 1.208 | −15,9% |
| Neuquén | 6.683 | 951 | −29,5% | 4.026 | 573 | −21,1% |
| Santiago del Estero | 9.448 | 894 | −22,7% | 10.704 | 1.013 | −3,7% |
| Santa Fe | 29.922 | 812 | −28,6% | 16.958 | 460 | −10,6% |
| Río Negro | 5.679 | 720 | −21,5% | 5.082 | 644 | −22,6% |
| Tucumán | 12.772 | 720 | −25,3% | 9.441 | 532 | −7,2% |
| Santa Cruz | 2.157 | 644 | −16,9% | 2.103 | 628 | −28,2% |
| Buenos Aires | 103.414 | 593 | −17,0% | 75.431 | 432 | −14,2% |
| Formosa | 3.191 | 509 | −21,7% | 5.385 | 859 | −11,4% |
| Jujuy | 4.053 | 506 | −17,3% | 6.426 | 803 | −23,1% |
| San Luis | 2.684 | 501 | −18,3% | 2.490 | 464 | −23,4% |
| Catamarca | 2.176 | 496 | −40,5% | 3.728 | 849 | −25,7% |
| Chubut | 2.949 | 490 | −28,6% | 3.659 | 607 | −23,6% |
| Entre Ríos | 6.966 | 477 | −28,0% | 8.957 | 614 | −23,1% |
| La Rioja | 1.694 | 420 | −10,6% | 2.539 | 629 | −8,4% |
| Misiones | 5.541 | 412 | −11,1% | 8.239 | 613 | −9,4% |
| Corrientes | 4.712 | 391 | −20,5% | 3.515 | 292 | −7,1% |
| Chaco | 3.630 | 301 | −32,1% | 5.957 | 493 | −27,2% |
| Tierra del Fuego | 506 | 278 | −2,1% | 1.021 | 561 | −16,0% |
| La Pampa | 834 | 221 | −21,1% | 2.421 | 643 | −18,2% |
| Total país | 360.946 | 778 | −22,4% | 308.523 | 665 | −17,4% |
Ordenado por tasa de robos 2025. Tasas cada 100.000 habitantes; variación calculada sobre tasas. Robos excluye agravados y tentativas; hurtos excluye tentativas. Los niveles no son comparables entre jurisdicciones (ver ficha técnica). Fuente: elaboración propia sobre SNIC e INDEC.
El cuadro deja ver que robos y hurtos no se ordenan igual. Salta, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, Catamarca y La Pampa registran más hurtos que robos por habitante, en algunos casos con diferencias amplias; la Ciudad de Buenos Aires registra ambos en niveles casi idénticos; y en Santa Fe, Neuquén, Mendoza y la provincia de Buenos Aires los robos superan a los hurtos con claridad. La distinción legal entre ambos (el robo implica fuerza en las cosas o violencia en las personas; el hurto no) depende de la calificación que hace quien recibe la denuncia, y no hay razón para suponer que ese criterio se aplique del mismo modo en todas las fuerzas provinciales. Las diferencias en la relación hurtos/robos son, en parte, diferencias de práctica de registro.
Debajo del mapa provincial
La base departamental del SNIC permite bajar un escalón más. En 2025, 27 departamentos o comunas concentran la mitad de los robos registrados en el país y 97 concentran el 85%; en el otro extremo, 31 no registran ninguno y 102 registran menos de diez. Esa concentración es estable desde 2019, el primer año en que la desagregación es comparable en todo el país.
Los quince departamentos con más robos registrados, 2025
| Departamento | Provincia | Hechos 2024 | Hechos 2025 | Variación | Tasa 2025 | % del país |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | Córdoba | 47.977 | 36.274 | −24,4% | 2.346 | 10,0% |
| La Matanza | Buenos Aires | 22.082 | 15.846 | −28,2% | 865 | 4,4% |
| Rosario | Santa Fe | 20.328 | 12.535 | −38,3% | 894 | 3,5% |
| Capital | Salta | 10.601 | 8.836 | −16,6% | 1.367 | 2,4% |
| Comuna 1 | Ciudad de Buenos Aires | 10.162 | 7.784 | −23,4% | 3.103 | 2,2% |
| Capital | Tucumán | 9.813 | 7.378 | −24,8% | 1.231 | 2,0% |
| La Capital | Santa Fe | 8.634 | 7.275 | −15,7% | 1.225 | 2,0% |
| General Pueyrredón | Buenos Aires | 5.926 | 6.847 | +15,5% | 1.034 | 1,9% |
| Confluencia | Neuquén | 7.964 | 5.701 | −28,4% | 1.230 | 1,6% |
| Quilmes | Buenos Aires | 5.861 | 5.310 | −9,4% | 843 | 1,5% |
| Comuna 4 | Ciudad de Buenos Aires | 7.311 | 5.072 | −30,6% | 2.110 | 1,4% |
| Lomas de Zamora | Buenos Aires | 4.956 | 4.741 | −4,3% | 690 | 1,3% |
| Comuna 7 | Ciudad de Buenos Aires | 6.330 | 4.600 | −27,3% | 1.864 | 1,3% |
| Guaymallén | Mendoza | 4.991 | 4.571 | −8,4% | 1.422 | 1,3% |
| Capital | Santiago del Estero | 6.079 | 4.481 | −26,3% | 1.361 | 1,2% |
Robos, excluidos agravados y tentativas. Tasa cada 100.000 habitantes. Los quince departamentos suman el 38% de los robos registrados en el país. Fuente: elaboración propia sobre SNIC e INDEC.
Dos rasgos del cuadro conviene subrayar. El primero es el peso de la ciudad de Córdoba: con 36.274 hechos registra el 10% de los robos del país y el 73% de los de su provincia, con una tasa (2.346) que solo superan las comunas más céntricas de la Ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Mendoza. En Salta y Tucumán la capital concentra también más de la mitad de los robos provinciales; en Santa Fe, Rosario concentra el 42%. La provincia de Buenos Aires es la excepción: su volumen está repartido entre decenas de partidos del conurbano y La Matanza, el mayor, representa el 15%.
El segundo es el caso de Rosario. La ciudad pasó de 20.328 robos registrados en 2024 a 12.535 en 2025, una baja de 38%, la mayor entre los grandes departamentos, y su tasa (894) es la más baja de toda su serie por un margen amplio: en 2014 había sido de 2.380 y en 2019 de 1.912. La caída de robos coincide en el tiempo con el derrumbe de los homicidios en la misma ciudad que se describió en el artículo anterior; que ambos fenómenos respondan a las mismas causas es una hipótesis razonable, pero no algo que estos datos permitan afirmar. En sentido contrario, General Pueyrredón (Mar del Plata) es el único de los quince departamentos con más volumen que registra un aumento en 2025 (+15,5%).
El nivel departamental es también donde con más claridad se ve el límite de estos datos como medida del delito real. Dentro del conurbano bonaerense, la tasa de robos de 2025 va de 257 en San Miguel, 326 en Tigre y 347 en Vicente López a 940 en General San Martín, 897 en Lanús y 1.046 en Morón. Diferencias de tres a cuatro veces entre partidos vecinos, en direcciones que no se corresponden con ninguna hipótesis plausible sobre la frecuencia de la victimización, indican que una parte sustancial de lo que se compara son prácticas de recepción y carga de denuncias. Lo mismo ocurre en Córdoba, donde la capital registra 2.346 y departamentos del sur agrícola como Marcos Juárez registran 140. La conclusión no es que los datos sean inútiles, sino que sirven para lo que sirven: describir tendencias dentro de una misma jurisdicción, con la misma fuerza y el mismo sistema, es más seguro que comparar niveles entre jurisdicciones distintas.
Lecturas y preguntas abiertas
La primera lectura es la del contraste con la violencia letal. Argentina llega a 2025 con la tasa de homicidios más baja de su serie y con robos y hurtos que, aun después de la caída de ese año, se ubican en niveles comparables a los de hace veinticinco años. La década 2015-2024 mejoró en lo que respecta a matar y no mejoró en lo que respecta a robar. Esa disociación, que también se observa en las lesiones dolosas y las amenazas, sugiere que los factores que explican el descenso de la violencia letal no operan del mismo modo sobre el delito predatorio, y que las políticas eficaces frente a uno no lo son necesariamente frente al otro.
La segunda es la del año 2025. La caída es real en el sentido de que aparece en las veinticuatro jurisdicciones, en la gran mayoría de los departamentos y con independencia de los cambios de registro de la provincia de Buenos Aires. Es también un fenómeno regional: Uruguay, Chile y Brasil registraron caídas de sus indicadores de delito predatorio en 2024 y 2025, con secuencias temporales algo distintas, lo que sugiere un componente común que ninguna explicación exclusivamente doméstica puede absorber. Sobre las causas de la caída argentina circulan varias hipótesis (la mejora de los ingresos de los sectores más pobres respecto del piso de fines de 2023, cambios normativos y de política criminal, la evolución de los mercados de reventa de bienes robados, cambios en la circulación urbana), ninguna de las cuales puede evaluarse seriamente con las bases anuales del SNIC. Lo que sí puede decirse es que la caída no siguió el patrón de "más baja donde había más": entre los departamentos de más de 50.000 habitantes, los del tercio superior de tasa en 2024 cayeron algo más (24%) que los demás (18%), una diferencia modesta y no distinta de la que se observa en años sin caída general.
La tercera es la del registro. Todo lo anterior descansa sobre denuncias, y la proporción de robos y hurtos que se denuncian es baja y variable. La última encuesta nacional de victimización con cobertura federal (INDEC y Ministerio de Seguridad, 2017) mostró que la mayoría de los delitos contra la propiedad no llegan a las autoridades, y los relevamientos periódicos de universidades y consultoras sugieren que esa proporción cambia con la confianza en la policía, la existencia de seguros y la gravedad del hecho. Argentina no ha repetido esa encuesta desde entonces. Sin una medición periódica de la victimización que permita contrastar el registro administrativo, cada movimiento de la serie de robos y hurtos admite dos lecturas (cambió el delito o cambió la denuncia) que los datos disponibles no permiten separar. Es probablemente la carencia más seria del sistema estadístico criminal argentino, y una de las que más condiciona cualquier evaluación de política.
El próximo artículo de esta serie se ocupará de esa carencia: qué se sabe sobre la cifra negra del delito en Argentina, qué mediciones existen y qué se pierde por no contar con ellas.
Fuentes
Ministerio de Seguridad Nacional, Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC): bases abiertas de estadísticas criminales por país, provincia y departamento, 2000-2025 (datos.gob.ar); Informe SNIC. Estadísticas criminales en la República Argentina. Año 2025. INDEC: proyecciones de población por provincia y departamento, Censos 2010 y 2022. INDEC y Ministerio de Seguridad, Encuesta Nacional de Victimización 2017. Ministerio del Interior de Uruguay; Centro de Estudio y Análisis del Delito (CEAD), Ministerio de Seguridad Pública de Chile; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para las referencias regionales.
Ficha técnica
Datos. Se utilizaron las bases abiertas del SNIC a nivel país, provincia y departamento para 2000-2025, publicadas en datos.gob.ar. Los códigos empleados son el 15 (robos, excluidos los agravados por el resultado de lesiones o muerte) y el 19 (hurtos); en ambos casos se trabajó con la cantidad de hechos, no de víctimas, y con la tasa por cada 100.000 habitantes. Salvo indicación en contrario, las cifras excluyen las tentativas (códigos 16 y 20). El Informe SNIC 2025 presenta "robos totales" y "hurtos totales" que sí incluyen tentativas y, en el caso de robos, los agravados; por eso sus tasas (861,6 y 703,4 en 2025) son superiores a las que se usan aquí. La base departamental cierra al 100% con la provincial en todos los años. La desagregación departamental de la Ciudad de Buenos Aires por comunas comienza en 2017; hasta 2016 sus hechos figuran como "departamento sin determinar", por lo que las comparaciones departamentales de largo plazo se restringen a 2019-2025.
Base poblacional. Las tasas de 2022 a 2025 se calculan sobre las proyecciones del Censo 2022 y las de 2010 a 2021 sobre las del Censo 2010, tal como las publica el SNIC. Las tasas del conjunto de las 23 jurisdicciones sin la provincia de Buenos Aires se recalcularon a partir de los hechos y las poblaciones implícitas en las tasas provinciales.
Ruptura de serie en la provincia de Buenos Aires. El Informe SNIC 2025 señala que la provincia de Buenos Aires implementó mejoras en sus sistemas de carga y en el intercambio de información con la Procuración General provincial y otros organismos, que elevaron la cobertura, la completitud y la calidad de la clasificación de varias categorías; indica que las modificaciones impactan "especialmente" en delitos contra las personas, contra la integridad sexual y la libertad, contra la propiedad, contra la administración pública y contra la fe pública; y advierte que, por configurar una ruptura de la serie estadística, no recomienda comparaciones interanuales ni históricas para las categorías afectadas. El informe no enumera los códigos ni cuantifica el impacto. Este artículo adopta tres resguardos: presenta las series nacionales junto con las series sin la provincia de Buenos Aires; verifica que la dirección y la magnitud de la caída de 2025 no dependen de esa jurisdicción; y no analiza los robos agravados por lesiones o muerte (código 17), donde el impacto es evidente. En esa categoría el informe registra un aumento nacional de 45% en 2025 concentrado en Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, que atribuye en parte a cambios metodológicos; los datos muestran que la provincia de Buenos Aires pasó de representar el 10% de esos hechos en 2017 al 78% en 2025, mientras que en el resto del país la tasa se mantuvo estable en torno a 5-6 cada 100.000 habitantes entre 2023 y 2025. La serie de esa categoría no permite, hoy, ninguna lectura sustantiva.
El salto de 2019. La provincia de Buenos Aires pasó de 81.094 robos registrados en 2017 a 143.840 en 2019, y su participación en el total nacional de 20% a 30%. A nivel departamental, La Matanza pasó de 11.673 hechos en 2018 a 22.881 en 2019. Ese salto, que el SNIC no documenta como cambio metodológico, explica una parte relevante del pico nacional de 2019 y debe tenerse en cuenta al comparar ese año con los anteriores. Buenos Aires también rectificó sus cifras de robos de 2024 en la edición 2025 del informe, junto con las fuerzas federales.
Comparabilidad entre jurisdicciones. A diferencia de lo que ocurre con los homicidios, el propio Informe SNIC advierte que las cifras de delitos contra la propiedad no son estrictamente comparables entre jurisdicciones por diferencias en los sistemas de registro y en la propensión a denunciar. Este artículo asume plenamente esa advertencia. Las comparaciones de nivel entre provincias y departamentos se presentan como descripción del delito registrado y no como ordenamiento de la frecuencia real del delito.
Dato 2025. Según el informe, las cifras de 2025 se encuentran en proceso de consolidación y pueden ser rectificadas en publicaciones posteriores, como ocurrió con las de 2024.
Descomposición territorial de la caída 2024-2025. La participación de cada departamento en la reducción nacional se calculó sobre la diferencia de hechos entre ambos años. La proporción de la varianza del cambio porcentual entre departamentos que corresponde a diferencias entre provincias se estimó como el cociente entre la suma de cuadrados entre provincias y la total, sobre los 195 departamentos con más de 50.000 habitantes y tasas positivas en ambos años. La comparación por terciles de nivel inicial se realizó sobre el mismo conjunto, y se contrastó con ventanas de control (2018-2019, 2022-2023, 2023-2024) en las que la relación entre nivel inicial y variación resultó igual o más fuerte, lo que es esperable por regresión a la media y no permite hablar de una convergencia específica de 2025.
Argentina cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja de su serie histórica. Ese promedio nacional reúne situaciones muy distintas: provincias que redujeron su tasa a la mitad en una década, otras que apenas la modificaron, un puñado de departamentos donde se concentra la violencia letal y algunas variaciones porcentuales llamativas que, examinadas de cerca, no reflejan ningún cambio. Este segundo artículo de la serie recorre el mapa provincial y departamental del homicidio con los datos oficiales del SNIC.
Un promedio y veinticuatro realidades
En el primer artículo de esta serie mostramos que la tasa nacional de homicidios dolosos llegó en 2025 a su mínimo en veintiséis años de registro: 3,6 víctimas cada 100.000 habitantes, 1.676 personas. Ese número describe al país pero no a ninguna provincia en particular. En 2025 la tasa de Neuquén (5,7) fue seis veces la de Corrientes (0,9); la provincia de Buenos Aires concentró el 46% de las víctimas; y de las 24 jurisdicciones, dieciséis registraron menos víctimas que en 2024 y ocho registraron más, algunas con aumentos porcentuales de tres cifras.
Para leer ese mapa hay que tener presente una característica del dato que suele pasarse por alto: en la mayoría de las provincias los homicidios son pocos. Ocho jurisdicciones promedian menos de treinta víctimas por año a lo largo de la serie, y en Tierra del Fuego el promedio es cuatro. Con cantidades así, pasar de 4 a 11 víctimas es un aumento del 175% que puede no significar nada. Buena parte de lo que sigue depende de esa distinción, y por eso el análisis presenta siempre las cantidades absolutas junto a las tasas y, cuando compara períodos, trabaja con promedios de varios años.
El recorrido va del mapa actual a su historia, y de la historia al detalle: primero la situación de cada jurisdicción en 2025, después cómo se llegó a ella, luego lo que cambió en el bienio 2024-2025 y, por último, lo que aparece cuando se desciende del nivel provincial al departamental.
El mapa de 2025
Cinco jurisdicciones superaron en 2025 la tasa de 4 cada 100.000 habitantes: Neuquén (5,7, con 40 víctimas), Santa Fe (5,6; 208), Santa Cruz (4,5; 15), Buenos Aires (4,4; 775) y Chaco (4,3; 52). Nueve quedaron en 2,5 o menos: CABA (2,5; 78), Córdoba (2,4; 96), Entre Ríos (2,3; 34), Santiago del Estero (2,0; 21), La Pampa (1,6; 6), Catamarca (1,4; 6), San Juan (1,4; 12), San Luis (1,3; 7) y Corrientes (0,9; 11). Las diez restantes se ubican entre 2,7 y 3,7: Mendoza, Salta, Río Negro, Misiones, Chubut, Formosa, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Tierra del Fuego.
Las cantidades entre paréntesis merecen tanta atención como las tasas. Santa Cruz aparece tercera del país con 15 víctimas y Neuquén primera con 40, mientras que la provincia de Buenos Aires, cuarta en tasa, aporta casi la mitad de las víctimas nacionales; sumadas Santa Fe y CABA, las tres jurisdicciones del área central reúnen el 63%. Un ordenamiento por tasas describe el riesgo relativo de cada población; un ordenamiento por víctimas describe dónde ocurre efectivamente la violencia letal en el país. Los dos son necesarios y ninguno reemplaza al otro.
Cómo se cerró la brecha
El rasgo más nítido de la serie provincial es la convergencia. Las jurisdicciones no bajaron todas al mismo ritmo, pero las que partían de niveles más altos bajaron mucho más, y el resultado es un mapa bastante más homogéneo que el de hace una década.
La brecha se cerró por arriba. La tasa provincial más alta del país fue 13,7 en 2002 (Buenos Aires), 13,3 en 2014 (Chubut, seguida de Santa Fe con 13,2), todavía 10,9 en 2023 (Santa Fe) y 5,7 en 2025. La más baja, en cambio, osciló durante toda la serie entre 0,6 y 1,8 sin ninguna tendencia. La mediana provincial, que era 7,0 en 2000 y 5,0 en 2014, cayó a 2,9 en 2025, y la cantidad de jurisdicciones con tasa igual o mayor que 4 pasó de 16 en 2014 y 15 en 2019 a 5 en 2025.
La convergencia, además, no fue gradual. El coeficiente de variación de las tasas provinciales, que resume su dispersión en un solo número, se mantuvo entre 46% y 58% desde 2014 hasta 2023 y bajó a 40-43% en 2024-2025. Casi todo el cambio ocurrió en 2024, cuando Santa Fe dejó de ser un caso aparte: ese año la distancia entre la tasa provincial máxima y la mínima se redujo de diez veces a cinco.
Otro modo de ver lo mismo consiste en preguntarse cuándo tocó cada provincia el punto más bajo de su serie. Diez de las 24 lo hicieron en 2024 o 2025: Chubut, CABA, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe. Otras seis lo habían hecho entre 2020 y 2023, entre ellas Buenos Aires (2022) y Córdoba (2021). Las ocho restantes tienen su mínimo antes de 2010. Cinco de ellas son jurisdicciones pequeñas (Catamarca, La Rioja, San Juan, La Pampa y Tierra del Fuego), donde el mínimo de la serie depende más de las oscilaciones anuales que de una tendencia; las otras tres son Salta, Tucumán y Jujuy, cuyos pisos de 2007-2008 corresponden al período anterior al aumento de la violencia que atravesó el norte del país en la década siguiente.
De dónde viene cada provincia
Para comparar trayectorias sin que las oscilaciones anuales de las provincias chicas distorsionen la lectura, conviene trabajar con promedios de tres años. El cuadro siguiente compara el trienio 2015-2017, cuando la serie nacional tocó su mínimo previo, con el trienio 2023-2025, y agrega el máximo histórico de cada jurisdicción como referencia de la distancia recorrida.
| Jurisdicción | Tasa 2015-17 | Tasa 2023-25 | Variación | Víctimas/año 2023-25 | Máximo de la serie (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fe | 10,6 | 7,1 | -33% | 262 | 13,2 (2014) |
| Neuquén | 6,5 | 4,8 | -26% | 34 | 10,3 (2001) |
| Chaco | 5,6 | 4,7 | -15% | 57 | 11,7 (2002) |
| Buenos Aires | 6,7 | 4,6 | -31% | 808 | 13,7 (2002) |
| Chubut | 8,0 | 4,4 | -45% | 26 | 13,3 (2014) |
| Salta | 6,0 | 4,0 | -33% | 59 | 8,1 (2002) |
| Río Negro | 5,3 | 3,7 | -31% | 29 | 9,4 (2001) |
| Tucumán | 6,1 | 3,7 | -39% | 65 | 9,0 (2020) |
| Misiones | 4,3 | 3,4 | -21% | 45 | 10,0 (2001) |
| Mendoza | 6,9 | 3,3 | -53% | 67 | 11,1 (2003) |
| Formosa | 7,5 | 3,3 | -57% | 20 | 12,3 (2002) |
| Santa Cruz | 4,7 | 3,0 | -36% | 10 | 13,1 (2003) |
| Entre Ríos | 4,3 | 2,8 | -34% | 41 | 9,7 (2003) |
| Santiago del Estero | 3,8 | 2,8 | -25% | 30 | 6,0 (2002) |
| Córdoba | 3,5 | 2,8 | -20% | 110 | 6,8 (2000) |
| CABA | 4,9 | 2,7 | -46% | 83 | 6,6 (2014) |
| Jujuy | 4,6 | 2,6 | -43% | 21 | 5,9 (2009) |
| Corrientes | 2,3 | 2,4 | +7% | 29 | 8,9 (2001) |
| San Luis | 4,1 | 2,3 | -43% | 12 | 6,3 (2000) |
| La Rioja | 2,3 | 2,0 | -15% | 8 | 3,7 (2006) |
| Tierra del Fuego | 1,5 | 1,8 | +22% | 3 | 7,2 (2000) |
| Catamarca | 2,7 | 1,4 | -45% | 6 | 4,2 (2001) |
| La Pampa | 2,3 | 1,4 | -39% | 5 | 7,3 (2000) |
| San Juan | 2,6 | 1,2 | -53% | 10 | 3,8 (2011) |
| Argentina | 6,0 | 4,0 | -33% | 1.843 | 9,5 (2002) |
El cuadro y las veinticuatro trayectorias, ordenadas por su nivel actual, permiten distinguir cuatro perfiles. Los últimos renglones del gráfico muestran, además, lo que se anticipó al comienzo: en las jurisdicciones más pequeñas la tasa anual sube y baja de un año a otro sin describir ninguna tendencia.
Los descensos de escala. Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y CABA bajaron a un ritmo igual o superior al nacional partiendo de niveles altos y con volúmenes de víctimas que no dejan lugar a dudas sobre la tendencia. Entre las cinco explican 1.253 de las 1.577 víctimas menos que tuvo el país entre 2014 y 2025. Mendoza y CABA son los casos menos comentados: la primera pasó de una tasa de 9,0 en 2014 a 3,2 en 2025, la segunda de 6,6 a 2,5, y en ambas el descenso fue sostenido, sin el quiebre abrupto de Santa Fe.
Los descensos desde niveles muy altos. Chubut, Formosa, Río Negro y Entre Ríos tuvieron tasas de dos dígitos o cercanas en distintos momentos de la serie (Chubut llegó a 13,3 en 2014; Formosa, a 12,3 en 2002 y 10,4 en 2015) y hoy se ubican alrededor del promedio nacional o por debajo. Sus volúmenes son menores, pero la caída es tan pronunciada y sostenida que la tendencia es clara. Salta y Santa Cruz pueden sumarse a este grupo con más reservas.
Las rezagadas. Neuquén, Chaco y Misiones bajaron menos que el país y quedaron por eso entre las tasas más altas de 2025. Ninguna de las tres tiene hoy una tasa que hace diez años hubiera llamado la atención; lo que las distingue es que el resto bajó más rápido. Neuquén, con la tasa más alta del país en 2025, promedió 34 víctimas anuales en el trienio 2023-2025, y su serie muestra desde 2017 una meseta entre 4,3 y 6,5 antes que una tendencia ascendente.
El piso bajo. Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, San Luis, La Rioja, Tierra del Fuego, Catamarca, La Pampa y San Juan están por debajo de 3 en el trienio y, en general, lo estuvieron durante buena parte de la serie. Córdoba es el caso relevante por su tamaño: la segunda provincia más poblada del país tiene una tasa de 2,4 con 96 víctimas en 2025 y no superó 4,5 en ningún año desde 2004. Las otras nueve son jurisdicciones pequeñas, cuyas tasas se mueven mucho de un año a otro sin que eso indique nada.
Entre estas trayectorias, la de Tucumán es la menos conocida. Entre 2010 y 2020 la provincia pasó de una tasa de 2,4 a 9,0, la segunda del país detrás de Santa Fe, con 152 víctimas en el año de la pandemia. En los cinco años siguientes bajó a 2,7 (47 víctimas). Es un descenso del 70%, mayor en términos relativos que el de Santa Fe en el mismo período, que devolvió a la provincia al nivel anterior a la escalada. Tucumán es la tercera contribución al descenso nacional de 2020-2025, después de Santa Fe y Buenos Aires, y a diferencia de Santa Fe su caída fue gradual: 105 víctimas en 2021, 82 en 2022 y 2023, 67 en 2024, 47 en 2025.
La otra particularidad del último quinquenio es que el descenso fue federal como no lo había sido ningún otro. En 2002-2007 la provincia de Buenos Aires explicó el 74% de la caída nacional. En 2014-2020, Buenos Aires, Santa Fe y CABA explicaron el 85%, mientras varias provincias del norte iban en dirección contraria. En 2020-2025 esas tres jurisdicciones explican solo la mitad de la caída, y ninguna provincia con más de treinta víctimas anuales aumentó.
El bienio 2024-2025: qué cambió
La Tabla 5 del Informe SNIC 2025 presenta las variaciones interanuales de la tasa de víctimas por jurisdicción. Leída literalmente produce titulares vistosos: La Rioja +173,8%, Santa Cruz +149,8%, Jujuy +87,0%, Tierra del Fuego +66,0%, Corrientes -66,8%, San Luis -56,5%. Todos esos porcentajes son aritméticamente correctos, pero La Rioja pasó de 4 a 11 víctimas y Tierra del Fuego de 3 a 5. En jurisdicciones con tan pocos casos la cantidad anual de homicidios oscila, por simple azar, en márgenes que superan con facilidad el 50%, y una variación de esa magnitud no dice nada sobre la dirección en la que se mueve la provincia.
Para identificar qué cambió efectivamente, comparamos el dato de 2025 de cada jurisdicción con su nivel de 2022-2024 y verificamos si la diferencia excede lo que puede variar por fluctuación aleatoria dado su volumen de casos (el procedimiento se describe en la ficha técnica). Con ese criterio, solo seis jurisdicciones registraron en 2025 una cantidad de víctimas incompatible con su nivel reciente. Cinco bajaron: Santa Fe (208 víctimas, cuando su nivel de 2022-2024 era de 328 por año), Tucumán (47 frente a 77), Corrientes (11 frente a 34), Santiago del Estero (21 frente a 35) y San Luis (7 frente a 15). Una subió: Jujuy (30 frente a 17). Las otras dieciocho, incluidas las cuatro que encabezan la lista de aumentos del informe, se movieron dentro de lo esperable. Lo mismo vale para Neuquén, la nueva tasa más alta del país: pasó de 30 a 40 víctimas, un valor compatible con su nivel de 2022-2024, de modo que su primer puesto es real pero no hay evidencia de que la provincia esté hoy peor que hace tres años.
El caso de Santa Fe requiere una precisión. Respecto de 2024 la provincia subió de 179 a 208 víctimas, y ese aumento del 16% figura en el informe entre las principales subas del año. Respecto de su nivel de 2022-2024, en cambio, 2025 es una confirmación: la ruptura de 2024, cuando la provincia pasó de 399 a 179 víctimas, no se revirtió, y la tasa de 5,6 sigue siendo la segunda más baja de su serie desde 2000. Como señalamos en el primer artículo, la magnitud y la simultaneidad de ese quiebre con el despliegue federal en Rosario son compatibles con un efecto de la intervención, sin que pueda excluirse el repliegue del conflicto entre organizaciones criminales. Un año más de datos no devolvió a la provincia a su nivel previo.
Corrientes es el caso opuesto y el más difícil de interpretar. La provincia venía de 25, 43 y 33 víctimas en 2022-2024 y registró 11 en 2025, la tasa más baja del país (0,9) y su propio mínimo histórico. Es una caída que no puede atribuirse al azar. La provincia ya había tenido un piso de 15 víctimas en 2016, de modo que un nivel muy bajo no es inédito, y las tentativas de homicidio también bajaron en 2025. Pero ni la base de datos ni el informe ofrecen una explicación: el anexo de rectificaciones consigna solamente que Corrientes eliminó un hecho y dos víctimas del año 2024, y no hay una nota metodológica específica sobre la provincia. Corresponde consignar el dato como oficial y señalar que un descenso de esa magnitud, en una jurisdicción de ese tamaño, requiere seguimiento antes de leerlo como tendencia.
La imagen del bienio que surge de este ejercicio es más sobria que la de las variaciones porcentuales: un descenso real y difuso, tres o cuatro provincias que explican los movimientos grandes, y una mayoría de jurisdicciones que se mantuvo en niveles bajos con las oscilaciones propias de sus cantidades.
Debajo del mapa provincial
La provincia es la unidad de comparación habitual, pero no es la unidad en la que la violencia letal ocurre. La base departamental del SNIC, que reconstruye el total nacional a partir de 550 departamentos y partidos, muestra hasta qué punto el homicidio es un fenómeno concentrado. En 2025, veinte departamentos reunieron la mitad de las víctimas del país y cien reunieron el 85%; 284 departamentos no registraron ninguna víctima y otros 149 registraron una o dos.
Los diez departamentos con más víctimas en 2025 fueron La Matanza (149), Rosario (113), La Capital de Santa Fe (53), Lomas de Zamora (51), Moreno (48), Córdoba Capital (45), General San Martín (39), General Pueyrredón (37), Almirante Brown y Quilmes (36 cada uno). Ocho de los diez pertenecen al área metropolitana de Buenos Aires o al eje Rosario-Santa Fe. Entre los departamentos de más de 150.000 habitantes, las tasas más altas del año correspondieron a General José de San Martín, en el norte de Salta (9,8; 18 víctimas), La Capital de Santa Fe (8,9), General San Martín (8,8), Moreno (8,4), José C. Paz (8,3), La Matanza y Rosario (8,1 cada una).
La comparación entre estos dos últimos resume el cambio del bienio. En el trienio 2021-2023 Rosario tuvo una tasa de 18,9 y La Matanza de 7,2; en 2025 las dos tienen la misma tasa, y La Matanza registra más víctimas en términos absolutos. Aplicando a los departamentos el mismo criterio que a las provincias, esta vez sobre el bienio 2024-2025 completo frente al promedio 2021-2023 y limitado a los 86 departamentos con volumen suficiente para el ejercicio, catorce muestran cambios que no se explican por azar. El cuadro siguiente los presenta con sus promedios anuales de víctimas y sus tasas antes y después.
| Departamento | Provincia | Víctimas por año 2021-23 | Víctimas por año 2024-25 | Tasa 2021-23 | Tasa 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | Santa Fe | 265 | 102 | 18,9 | 7,3 |
| La Capital | Santa Fe | 75 | 45 | 12,6 | 7,6 |
| Capital | Tucumán | 49 | 33 | 8,1 | 5,5 |
| La Plata | Buenos Aires | 33 | 21 | 4,3 | 2,7 |
| Comuna 7 | CABA | 16 | 9 | 6,6 | 3,6 |
| Comuna 4 | CABA | 22 | 15 | 9,2 | 6,2 |
| Presidente Perón | Buenos Aires | 11 | 5 | 10,3 | 4,4 |
| Rawson | Chubut | 11 | 6 | 7,4 | 3,7 |
| Campana | Buenos Aires | 9 | 5 | 7,9 | 4,1 |
| Santo Tomé | Corrientes | 7 | 2 | 9,4 | 2,8 |
| Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | 6 | 11 | 1,8 | 3,5 |
| Castellanos | Santa Fe | 6 | 13 | 3,0 | 6,3 |
| Lomas de Zamora | Buenos Aires | 36 | 49 | 5,3 | 7,1 |
| La Matanza | Buenos Aires | 132 | 151 | 7,2 | 8,2 |
Víctimas de homicidio doloso, promedio anual de cada período, y tasas anuales promedio cada 100.000 habitantes. Departamentos cuyo total 2024-2025 queda fuera del rango de fluctuación aleatoria respecto de su promedio 2021-2023, entre los 86 con al menos cinco víctimas anuales en ese trienio. Fuente: OSC sobre base departamental SNIC 2000-2025.
Dos cosas se desprenden del cuadro. La primera es que la caída de Rosario, de 265 a 102 víctimas anuales, explica por sí sola alrededor de la mitad de todo el descenso nacional del bienio, y con Santa Fe capital y San Miguel de Tucumán se llega a dos tercios: la reducción provincial de Santa Fe y Tucumán es, en el territorio, la reducción de tres ciudades. La segunda es que mientras el país bajaba, La Matanza y Lomas de Zamora subieron por fuera del margen de azar. Los dos pertenecen al conurbano bonaerense y son, junto con Rosario, los distritos con más víctimas absolutas del país. Que la provincia de Buenos Aires en su conjunto se haya mantenido estable en el bienio (820 y 775 víctimas, ambas dentro de lo esperable) encubre una redistribución interna: bajaron La Plata, Presidente Perón y Campana, subieron La Matanza y Lomas de Zamora.
Los otros 72 departamentos grandes no muestran cambios estadísticamente distinguibles. La lista incluye a Córdoba Capital, Mar del Plata, Quilmes, Almirante Brown, Moreno y todo el Gran Mendoza. En la mayoría del país, y también en la mayoría de sus grandes ciudades, el bienio transcurrió sin novedades: ni una mejora ni un deterioro que los datos permitan afirmar.
Fuera de las grandes áreas metropolitanas, los focos persistentes de violencia letal aparecen en el norte de Salta. Los departamentos de General José de San Martín (Tartagal) y Orán tuvieron en el trienio 2023-2025 tasas de 8,4 y 9,1, comparables a las del conurbano oeste y superiores a las de casi todo el resto del país. Son departamentos de frontera, con entre 15 y 20 víctimas anuales, cuya situación queda oculta en la tasa provincial de Salta (3,2 en 2025) y que justificarían un análisis propio.
Lecturas y preguntas abiertas
El mapa provincial de 2025 es el más homogéneo de la serie, y lo es porque el descenso de la última década fue general, con la excepción parcial de tres provincias. Eso tiene una consecuencia para el análisis: cuando casi todos bajan, la comparación entre jurisdicciones explica menos que antes, y las diferencias que subsisten (Neuquén, Chaco y Misiones arriba; Córdoba y el noroeste chico abajo) son diferencias de nivel más que de dirección. Por qué Córdoba, con casi cuatro millones de habitantes, sostiene desde hace veinte años una tasa que es la mitad de la de Buenos Aires o Santa Fe es una de las preguntas más productivas que el mapa deja abierta, y las estadísticas oficiales no la responden.
La segunda lectura es metodológica y la consideramos central. Buena parte de la conversación pública sobre seguridad en las provincias se construye sobre variaciones interanuales de tasas, y en dos tercios de las jurisdicciones argentinas esas variaciones están dominadas por el azar. Un ordenamiento anual de las provincias donde más crecieron los homicidios tiene, en su mitad superior, más ruido que información, y las políticas evaluadas sobre esa base pueden estar respondiendo a oscilaciones que se habrían revertido solas. El criterio utilizado aquí es elemental y cualquier organismo puede aplicarlo; incorporarlo a la lectura de las cifras provinciales, en los informes oficiales y en la cobertura periodística, mejoraría el debate más que cualquier dato nuevo.
La tercera es que la escala relevante para entender la violencia letal es local. Veinte departamentos concentran la mitad de las víctimas, y en el bienio la mayor parte del movimiento nacional se explica por tres ciudades que bajaron y dos partidos del conurbano que subieron. La provincia como unidad de análisis diluye esas realidades. La disponibilidad de la base departamental del SNIC, y la decisión reciente de que las fuerzas federales desagreguen también sus registros a ese nivel, permiten un análisis territorial mucho más fino del que se hace habitualmente. Que ese análisis se haga, y se haga bien, es lo que corresponde pedir.
El tercer artículo de esta serie dejará los homicidios para ocuparse de los delitos contra la propiedad, donde el panorama de la última década es bastante menos favorable.
Fuentes
Ministerio de Seguridad Nacional, Dirección Nacional de Estadística Criminal. Informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), año 2025, mayo de 2026. Bases de datos SNIC nacional, provincial y departamental 2000-2025, disponibles en argentina.gob.ar/seguridad/estadisticascriminales. Cartografía: Natural Earth.
Ficha técnica
Datos. Todas las cifras corresponden a víctimas de homicidio doloso (código 1 del SNIC) según las bases públicas del SNIC en su versión de mayo de 2026, que incorpora las rectificaciones retroactivas comunicadas por las jurisdicciones. Las tasas son las publicadas por la DNEC. Los promedios trienales y las cifras departamentales fueron calculados por el OSC a partir de las bases. Las tasas de 2022 a 2025 se calculan sobre proyecciones del Censo 2022 y las de 2010 a 2021 sobre proyecciones del Censo 2010, por lo que la comparación entre ambos períodos incorpora una discontinuidad menor que no altera las conclusiones. El homicidio doloso es el delito con registro más completo y comparable entre jurisdicciones; las advertencias del informe SNIC sobre diferencias entre sistemas provinciales de registro se aplican sobre todo a otras categorías delictivas.
Fluctuación aleatoria y números bajos. Los homicidios son sucesos poco frecuentes, y la cantidad que ocurre en un territorio en un año determinado oscila alrededor de un valor típico por razones ajenas a cualquier tendencia. Esa oscilación tiene una magnitud conocida y es proporcionalmente mayor cuanto más bajos son los números: donde ocurren en promedio 5 homicidios por año, una variación de 50% en un sentido u otro se produce por puro azar aproximadamente uno de cada cuatro años; con 10 anuales, uno de cada ocho; con 20, uno de cada cincuenta; con 100, prácticamente nunca. Ocho jurisdicciones argentinas promedian menos de 30 víctimas anuales en la serie 2000-2025, y en ellas la variación interanual mediana está entre 30% y 50%. Para evaluar si el dato de un año es compatible con el nivel reciente de una jurisdicción, tomamos como valor esperado el promedio de los tres años previos y calculamos el intervalo del 95% de una distribución de Poisson con ese parámetro; un dato fuera del intervalo se considera incompatible con la fluctuación aleatoria. Es una prueba deliberadamente simple, que no incorpora tendencias ni sobredispersión y que, aplicada a 24 jurisdicciones, admite alrededor de un falso positivo por año. Su propósito es distinguir movimientos grandes de oscilaciones ordinarias, no estimar efectos. Aplicada hacia atrás, indica que en 2024, respecto del trienio 2021-2023, solo Santa Fe y Tucumán habían bajado por fuera del azar y solo Río Negro había subido. A nivel departamental se aplicó al bienio 2024-2025 completo frente al promedio 2021-2023, restringiendo el ejercicio a los departamentos con un valor esperado de al menos diez víctimas en el bienio, para evitar señales espurias en unidades muy pequeñas.
Registros federales. El informe SNIC 2025 señala que a partir de 2025 las fuerzas federales desagregan sus registros a nivel departamental, con rectificación retroactiva de 2024, lo que no afecta los totales nacionales ni provinciales pero puede modificar la distribución departamental respecto de publicaciones anteriores. En homicidios dolosos la participación de las fuerzas federales es reducida.
Argentina registró en 2025 una tasa de 3,6 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, el valor más bajo desde que existen registros sistemáticos y un 62% inferior al pico de 2002. Es, además, la tasa más baja de América Latina entre los países con estadísticas verificables. Este artículo recorre veintiséis años de datos oficiales para reconstruir cómo se llegó hasta aquí, qué ocurrió en los dos últimos años y qué preguntas siguen abiertas.
Un indicador que importa
Los homicidios son los delitos mejor registrados y más estudiados. Su gravedad hace que una proporción muy alta de los casos llegue a conocimiento de las autoridades, algo que no ocurre con la mayoría de los demás delitos, y ello convierte a la tasa de homicidios en el indicador más confiable para comparar niveles de violencia entre países y a lo largo del tiempo. Reducir la inseguridad de una sociedad a una sola cifra es siempre una simplificación riesgosa; aun así, la tasa de homicidios se ha consolidado como la medida de referencia universal, y cualquier análisis serio de la violencia comienza por ella.
En el caso argentino, la fuente es el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que consolida los hechos registrados por las policías de las veinticuatro jurisdicciones y las fuerzas federales. La calidad de ese sistema cuenta hoy con una validación externa de peso: tras una evaluación integral realizada entre 2024 y 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) otorgó al SNIC el grado "A" de calidad estadística, la máxima calificación que concede a los sistemas nacionales de información criminal. La tendencia que describen sus datos, por lo demás, se confirma en una fuente independiente del circuito policial: las estadísticas vitales del sistema de salud, que registran las defunciones por agresión certificadas médicamente, muestran la misma caída sostenida —de 1.728 muertes en 2017 a 1.149 en 2024—. Los datos que siguen provienen del SNIC y de sus bases públicas.
América Latina en el mapa global del homicidio
Para dimensionar la cifra argentina conviene partir del contexto. América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo en términos de homicidio intencional: con cerca del 8% de la población global, concentra alrededor del 29% de los homicidios que se cometen en el planeta (FMI, 2024, sobre datos del Instituto Igarapé). Según el Global Study on Homicide 2023 de UNODC, el continente americano registra una tasa de 15 homicidios cada 100.000 habitantes, más de dos veces y media el promedio mundial de 5,8; las estimaciones específicas para América Latina y el Caribe se ubican entre 18 y 20 cada 100.000.
Los datos más recientes confirman ese panorama. De acuerdo con el balance anual de InSight Crime, durante 2025 fueron asesinadas al menos 108.838 personas en América Latina y el Caribe, con una mediana regional cercana a 17,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Dentro de ese conjunto conviven realidades muy distintas: Ecuador superó los 50 homicidios cada 100.000, mientras que en el extremo opuesto Chile cerró el año en 5,4, Paraguay en 6,1 y Uruguay en 10,3.
Con una tasa de 3,6, Argentina registra la más baja de América Latina entre los países cuyas estadísticas pueden verificarse de manera independiente. La precisión no es menor: El Salvador informa una tasa de 1,3, pero InSight Crime advierte que ese país utiliza una definición mucho más restrictiva que el resto —excluye del conteo los cuerpos hallados en fosas comunes, las muertes causadas por las fuerzas de seguridad y las ocurridas en prisiones— y que la falta de transparencia impide verificar sus cifras; Venezuela, Cuba y Nicaragua, por su parte, directamente carecen de estadísticas confiables. Hecha esa salvedad, el dato es contundente: ningún otro país de la región con información verificable registra hoy menos violencia letal que la Argentina, que se ubica además muy por debajo del promedio mundial.
Veintiséis años en cinco fases
La serie del SNIC comienza en el año 2000 y permite reconstruir un cuarto de siglo de violencia letal en Argentina. Leída por sus puntos de inflexión, es decir, por los momentos en que la tendencia cambia de dirección, la serie describe cinco fases.
Crisis y pico histórico (2000–2002). La tasa pasó de 7,6 a 9,5 cada 100.000 habitantes en apenas tres años. El 2002, con 3.571 víctimas, es el máximo absoluto de toda la serie. La escalada acompañó el colapso económico, social e institucional de 2001 y 2002, el momento de mayor deterioro de las condiciones de vida en la historia argentina reciente.
La salida de la crisis (2003–2007). La tasa descendió sin interrupciones, de 7,8 a 5,4, en paralelo a la recuperación económica y la normalización institucional. Fue el descenso más veloz de la serie: solo entre 2003 y 2004 la tasa perdió 1,7 puntos.
El retroceso (2008–2014). La tendencia se invirtió. Durante siete años la tasa osciló al alza, con un salto pronunciado en 2013, hasta alcanzar en 2014 un segundo pico de 7,6, un nivel equivalente al del año 2000. El período dejó una advertencia que conserva vigencia: los descensos no son irreversibles.
Nuevo descenso, interrumpido por la pandemia (2015–2020). A partir de 2015 la tasa volvió a bajar de manera sostenida, de 6,6 a 5,1 en 2019. El año 2020 interrumpió esa trayectoria con una suba a 5,3. El dato llama la atención porque en buena parte de la región las restricciones a la circulación coincidieron con caídas de la violencia letal; en Argentina ocurrió lo contrario, un contraste que sugiere que los confinamientos alteraron de manera desigual los distintos contextos en que se producen los homicidios y que merece investigación específica.
La consolidación del descenso (2021–2025). Superado el repunte de la pandemia, en 2021 la tasa cayó a 4,6 y perforó por primera vez el piso previo a 2020. Desde entonces la serie ingresó en niveles que nunca había registrado: cuatro de los últimos cinco años marcaron un nuevo mínimo histórico —4,6 en 2021, 4,2 en 2022, 3,9 en 2024 y 3,6 en 2025—, con el repunte de 2023 (4,4) como única excepción. Las 1.676 víctimas de 2025 son menos de la mitad de las del pico de 2002.
| Fase | Período | Tasa inicio | Tasa fin | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Crisis y pico histórico | 2000–2002 | 7,6 | 9,5 | +25% |
| La salida de la crisis | 2003–2007 | 7,8 | 5,4 | −31% |
| El retroceso | 2008–2014 | 6,0 | 7,6 | +29% |
| Nuevo descenso, interrumpido | 2015–2020 | 6,6 | 5,3 | −20% |
| La consolidación del descenso | 2021–2025 | 4,6 | 3,6 | −22% |
Cuadro 1. Fases de la evolución de la tasa de homicidios dolosos, 2000–2025. Elaboración propia sobre bases públicas del SNIC. Las tasas de inicio y fin corresponden al primer y último año de cada fase.
La magnitud del descenso
Respecto del pico de 2002, las víctimas se redujeron un 53%: de 3.571 a 1.676. La tasa, en cambio, cayó un 62%, y la diferencia entre ambas cifras tiene una explicación demográfica que vale la pena hacer explícita. La tasa relaciona la cantidad de muertes con la cantidad de habitantes, y mientras las muertes bajaban, la población crecía: de unos 37,6 millones en 2002 a 46,4 millones en 2025, un 23% más. Menos homicidios repartidos entre más personas significa que el riesgo de morir asesinado que enfrenta cada habitante cayó todavía más de lo que sugiere el número absoluto de casos. Dicho en su forma más simple: en 2025 fueron asesinadas 1.895 personas menos que en 2002, en un país que entretanto sumó casi nueve millones de habitantes.
Respecto del segundo pico, el de 2014, la tasa acumula un descenso del 53% en once años, apenas interrumpido por la suba de 2020 y el leve repunte de 2023: la tendencia a la baja más prolongada y profunda de toda la serie. El ritmo del tramo final merece una mención aparte. Entre 2020 y 2025 la tasa cayó a un promedio cercano al 7,5% anual, el descenso relativo más veloz que registra la serie para un período de cinco años, aunque parte de esa velocidad responde a que el punto de partida fue el año atípico de la pandemia. Lo verdaderamente distintivo del último quinquenio no es tanto la velocidad como el nivel: cada punto de descenso se vuelve más difícil a medida que la tasa se acerca a valores bajos, y aun así la serie encadenó cuatro mínimos históricos en cinco años.
El perfil de las víctimas de 2025 mantiene un patrón conocido y de notable estabilidad: el 83,3% fueron varones. La tasa de victimización masculina, de 5,9 cada 100.000, casi quintuplica la femenina, de 1,2. Esta asimetría, común a casi todos los países, recuerda que la violencia letal no se distribuye al azar sino que se concentra en poblaciones, contextos y territorios específicos.
El bienio bajo la lupa: dos descensos de distinta naturaleza
Los dos años de mínimo histórico invitan a mirarlos como un mismo fenómeno. Los datos provinciales muestran otra cosa: 2024 y 2025 fueron descensos de naturaleza muy distinta.
La caída de 2024 —243 víctimas menos que en 2023, la mayor reducción interanual de la década— estuvo concentrada de manera extraordinaria en un solo territorio: Santa Fe, que pasó de 399 a 179 víctimas, explica por sí sola el 91% del descenso nacional de ese año. Detrás de ese número está el desplome de la violencia en Rosario, epicentro del conflicto entre organizaciones criminales que había llevado a la provincia a encabezar las estadísticas nacionales durante más de una década. La caída coincidió con el despliegue federal iniciado en 2024 en esa ciudad, y la evidencia disponible es compatible con un efecto de esa intervención, aunque no puede excluirse que el propio conflicto entre organizaciones haya ingresado en una fase de repliegue: con los datos existentes, ambas lecturas resultan igualmente consistentes, y probablemente se combinen.
El descenso de 2025 fue exactamente el inverso: difuso. Santa Fe volvió a subir (de 179 a 208 víctimas) y, aun así, el total nacional cayó otras 129, porque el resto del país se redujo en 158. Dieciséis de las veinticuatro jurisdicciones bajaron su tasa, y diez registraron en 2024 o 2025 el valor más bajo de toda su serie. El mínimo de 2024 fue, en lo esencial, la historia de una provincia; el de 2025, un movimiento repartido por todo el mapa. Que el país haya encadenado dos mínimos por caminos tan distintos es quizás el dato más sólido del bienio.
Ese movimiento difuso consolidó, además, una transformación silenciosa del mapa. En 2017, la provincia más violenta registraba una tasa catorce veces superior a la menos violenta; en 2025, esa brecha se redujo a seis veces. En 2014, doce provincias superaban los 5 homicidios cada 100.000 habitantes; en 2025, solo dos: Neuquén (5,7) y Santa Fe (5,6), con valores que hace una década correspondían al promedio nacional. Las diferencias entre provincias siguen existiendo y merecen un análisis propio —será el objeto del próximo artículo de esta serie—, pero la dirección del cambio es inequívoca: el mapa argentino del homicidio se está achatando hacia abajo.
Lecturas y preguntas abiertas
La primera lectura que impone la serie es que el descenso argentino es un proceso de largo plazo, y uno poco frecuente en el vecindario. En la última década, mientras la tasa argentina se reducía a menos de la mitad, la de Chile se duplicó —de 2,6 a 5,4— y la de Uruguay pasó de 7,5 a 10,3, empujadas en ambos casos por la penetración del crimen organizado en países que se contaban entre los más seguros de la región. Argentina recorrió el camino contrario a sus vecinos comparables del Cono Sur, y esa singularidad es en sí misma un objeto de estudio.
¿Qué explica la trayectoria? La honestidad analítica obliga a distinguir lo que los datos permiten afirmar de lo que no. La tendencia lleva más de una década y atravesó gestiones de gobierno de distinto signo, de modo que ninguna política ni período puede reclamar el fenómeno completo. Pero eso no equivale a decir que las políticas no cuenten: el episodio de Rosario muestra una asociación concreta y reciente entre una intervención específica y una caída verificada, y en el otro extremo, algunas explicaciones generales ya no sobreviven al contraste con la evidencia —la hipótesis puramente económica, por ejemplo, no se sostiene, porque el descenso atravesó ciclos de expansión y de crisis por igual—. El cuadro más defendible es el de un proceso con múltiples componentes: algunos estructurales y lentos, otros ligados a intervenciones puntuales sobre focos específicos de violencia, con pesos que la investigación todavía está midiendo.
La segunda lectura es una advertencia contra el triunfalismo, y los propios datos oficiales la proveen. El mínimo histórico es un mínimo de violencia letal, no de violencia: mientras los homicidios caían un 27% desde 2017, las lesiones dolosas aumentaron un 19% y las amenazas un 22%, y ambas cerraron 2025 en los valores más altos de sus series. La violencia interpersonal no letal constituye un frente que la mejora de los homicidios no está resolviendo, y que exige instrumentos distintos. A ello se suma la lección de la propia historia argentina: el período 2008–2014 demostró que los descensos pueden revertirse.
El mínimo histórico de 2025 es, en definitiva, una noticia valiosa y verificada, que admite lecturas más finas que la celebración o la desconfianza. Sostener la trayectoria exigirá comprender mejor qué la produjo: cuánto pesa cada componente, cuáles son duraderos y cuáles frágiles, por qué la violencia letal cede mientras otras formas de violencia no. Eso requiere más y mejor análisis, y es la tarea a la que este Observatorio busca contribuir.
Fuentes
- Ministerio de Seguridad Nacional, Dirección Nacional de Estadística Criminal. Informe del Sistema Nacional de Información Criminal, año 2025 y bases de datos públicas del SNIC. Disponibles en argentina.gob.ar/seguridad/estadisticascriminales.
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). Estadísticas vitales: defunciones por causas externas (agresiones). argentina.gob.ar/salud/deis.
- UNODC (2023). Global Study on Homicide 2023. Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Enlace al documento.
- Bisca, P. M. et al. (2024). Violent Crime and Insecurity in Latin America and the Caribbean: A Macroeconomic Perspective. IMF Departmental Paper DP/2024/009. Washington, DC: Fondo Monetario Internacional. Enlace al documento.
- InSight Crime (2026). InSight Crime's 2025 Homicide Round-Up. Enlace al documento.
- Naciones Unidas (2025). The Sustainable Development Goals Report 2025, Objetivo 16. Enlace al documento.
Ficha técnica
Fuente de datos: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Ministerio de Seguridad Nacional. Período de referencia: 2000–2025. Indicador principal: tasa de víctimas de homicidio doloso cada 100.000 habitantes, calculada sobre proyecciones de población del INDEC. Procesamiento: elaboración propia sobre las bases públicas del SNIC.
Nota metodológica. Las tasas de los años 2022 a 2025 se calculan sobre las proyecciones de población basadas en el Censo 2022, publicadas por el INDEC en 2026, mientras que las de 2010 a 2021 utilizan las proyecciones del Censo 2010. Ese cambio de base introduce una discontinuidad en la serie: las variaciones entre 2021 y 2022 responden en parte a la actualización poblacional y no solo a la evolución del fenómeno. La misma actualización explica que circulen dos cifras para 2025: la tasa preliminar de 3,7 difundida a comienzos de 2026, replicada por fuentes internacionales como InSight Crime, y la definitiva de 3,6 publicada en el informe anual tras el cierre de datos y el recálculo poblacional. Las cifras de 2025 corresponden al cierre del informe anual del SNIC y pueden ser objeto de rectificaciones menores posteriores, práctica habitual de los sistemas estadísticos. En cuanto a la comparación internacional, la tasa de 15 cada 100.000 corresponde al agregado continental de las Américas, que incluye a Estados Unidos y Canadá; las estimaciones específicas para América Latina y el Caribe arrojan valores superiores, de entre 18 y 20. La mediana regional de InSight Crime se calcula sobre las tasas nacionales sin ponderar por población, por lo que no es estrictamente comparable con los agregados de UNODC. Estimaciones posteriores de UNODC (Informe ODS 2025) sitúan la tasa mundial en 5,2 para 2023, sin un agregado regional comparable publicado para ese año, razón por la cual la comparación entre región y mundo se mantiene sobre datos de 2021. Las comparaciones entre países deben leerse como indicativas: cada país registra y clasifica sus homicidios con criterios propios, y en algunos casos —señalados en el texto— las cifras oficiales no pueden verificarse de manera independiente.
Una vez conocida la existencia de un delito, se pone en funcionamiento el sistema de justicia penal, principal recurso de un Estado para la persecución y control de la actividad delictual, mediante el trabajo complementario y coordinado de la policía y la justicia.
La eficiencia del sistema de justicia penal de un país debería medirse en términos de sus resultados en cuanto a la reducción de sus niveles de violencia y criminalidad. No existe, sin embargo, consenso en torno a los caminos mediante los cuales estos resultados pueden ser alcanzados. Diversos estudios científicos realizados en diferentes países arrojan conclusiones contradictorias acerca de la relación, por ejemplo, entre la evolución de las tasas de encarcelamiento y las tasas de delito. El análisis de la evolución de estos indicadores en nuestro país en los últimos 15 años tampoco permite extraer conclusiones definitivas sobre la mencionada relación.
Sí hay coincidencia en destacar el efecto disuasorio que tiene la idea de sufrir una condena por la comisión de un delito. Al respecto, se debe destacar que generalmente tiene un mayor impacto la percepción de la probabilidad de ser condenado que la duración de la condena en sí misma. De allí que se considera más importante el diseño e implementación de políticas orientadas a lograr una mayor inclusión social y la reducción de impunidad, antes que la mera legislación en pos de penas más severas. Si la percepción de la probabilidad de ser condenado por un delito es baja o, en otras palabras, se percibe que existe un gran nivel de impunidad, el esperado efecto disuasorio del sistema de justicia penal termina siendo anulado.
Recursos
La capacidad institucional del Estado es uno de los factores críticos que condicionan el accionar en pos de la generación y mantenimiento de las condiciones de seguridad ciudadana en el marco de los derechos humanos para la ciudadanía.
Este apartado presenta indicadores estandarizados a nivel internacional para la evaluación de distintos aspectos del sistema de justicia penal: los recursos del sistema, los niveles de punitividad, y el sistema penitenciario, tanto a nivel nacional como para la Provincia de Córdoba. Las principales fuentes de información consultadas son el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ), el Registro Nacional de Reincidencias (RNR) y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP).
Se presentan a continuación los principales indicadores en relación a los recursos del sistema de justicia penal. En primer lugar, los del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, y luego los de las policías, en tanto auxiliares del sistema de Justicia.
Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal
Leer más: Sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal
Robos
Se denunciaron 405.361 hechos de robos en el país durante el año 2017, una tasa de 920 hechos cada 100.000 habitantes.
El análisis de las tendencias de los robos en el largo plazo debe realizarse incluyendo tanto tentativas como hechos consumados, ya que el SNIC no discriminaba estos grados en los registros anteriores al año 2008. La evolución de la tasa de robos y tentativas de robos muestra patrones similares en los niveles nacional y provincial, con las siguientes características. Se observa, en primer lugar, que, al menos en los registros de los últimos 15 años, la tasa provincial ha sido superior a la nacional. Las tasas descendieron de manera constante desde el año 2002 al año 2006, comenzando una curva ascendente en ese año (sin poder precisar su duración debido a la falta de información). Las tasas volvieron a mostrar una curva descendente entre los años 2014 y 2017. Se observa, en segundo lugar, que mientras a nivel nacional la tendencia lineal en los últimos 15 años es neutra, en la Provincia de Córdoba tiene una pendiente levemente ascendente.
Leer más: La prevalencia de los delitos contra la propiedad en Argentina
Los teléfonos celulares son los bienes más robados en Argentina. Representan el 26.6% en las categorías de bienes sustraídos mediante robo o hurto personal o a la vivienda. Le siguen el dinero, tarjetas de crédito o cheques (16.2%) y bolso, cartera, mochila o portafolio (15.4%).
El alto valor de los teléfonos celulares (en relación a su tamaño), y el hecho de que sea un bien que lleva consigo la mayoría de las personas, los convierte en un objetivo de gran atracción para los delincuentes. En muchas ocasiones, el celular es el objeto de mayor valor que lleva consigo una persona en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando circula por espacios públicos. Los celulares tienen además un mercado ilegal muy activo, que no logra ser desarticulado a pesar de varias acciones que se han intentado en ese sentido.
Leer más: Pérdidas patrimoniales por victimización en Argentina
La prevalencia delictiva es la proporción de hogares o personas que han experimentado uno o más delitos en el período de referencia de una encuesta de victimización, en este caso, durante el año 2016. Refiere a las cantidades de víctimas, en términos de hogares o personas, a diferencia de la incidencia delictiva, que cuenta la cantidad de delitos. La prevalencia delictiva contabiliza una única vez a cada víctima, aunque la misma haya sido victimizada en más de una oportunidad durante el período de referencia. Otros indicadores tienen en cuenta la cantidad de veces que una persona ha sido víctima de distintos delitos (multivictimización) o que ha sido victimizada en más de una oportunidad por el mismo delito (revictimización).
La segunda parte de la ENV 2017 indaga sobre las experiencias de victimización y se establecen, siguiendo los estándares internacionales, dos grupos de delitos específicos: delitos contra los hogares y delitos contra las personas.