Personas privadas de la libertad en Argentina: 120.700 detenidos y una tasa que casi duplica el promedio mundial

Al 31 de diciembre de 2024 había 120.700 personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios de Argentina, la cifra más alta desde que existen registros. Sumando las personas alojadas en comisarías y dependencias de fuerzas de seguridad, el total llega a 133.585. La tasa de encarcelamiento casi duplica el promedio mundial que calcula Naciones Unidas y creció en la última década al doble de velocidad que el conjunto de América del Sur. Este artículo describe quiénes son las personas presas, por qué delitos, en qué condición procesal y en qué provincias, y contrasta cada dimensión con el panorama global que presenta el informe Prison Matters 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Los artículos anteriores de esta serie examinaron los delitos: la evolución nacional de los homicidios, su geografía provincial, la trayectoria de los robos y hurtos y los femicidios. Este se ocupa del otro extremo del sistema penal: las personas que, imputadas o condenadas por esos delitos, están detenidas. La fuente es el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), un censo que la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia realiza cada 31 de diciembre en todas las unidades penitenciarias del país desde 2002, y cuya base de microdatos, con un registro por cada persona detenida, es pública. Se trabajó con la base unificada 2002-2024, que reúne 1.669.175 registros, y con los informes nacionales de 2023 y 2024.

Dos aclaraciones condicionan la lectura de todo lo que sigue. La primera es que el SNEEP cuenta personas en establecimientos penitenciarios; las alojadas en comisarías, alcaidías policiales y dependencias de fuerzas federales se relevan por separado y con menor detalle. En 2024 eran 12.885, una de cada diez personas presas en el país, y en algunas provincias son casi la mitad. La segunda es que un censo fotografía a quienes están detenidos un día determinado, no a quienes pasaron por la cárcel durante el año. Las personas con condenas largas pesan más en esa fotografía que las que entran y salen en pocos meses. El SNEEP registró 59.594 ingresos directos por resolución judicial durante 2024, la mitad de la población que había a fin de año, lo que da una idea de la rotación que la foto no muestra.

Ciento veinte mil personas

La población penitenciaria creció 7,8% en 2024, con 8.733 personas más que un año antes. Medida sobre la población del país, la tasa es de 261 personas detenidas cada 100.000 habitantes; el informe oficial la calcula en 256 porque utiliza una proyección de población distinta, una diferencia que se explica en la ficha técnica. Con las personas alojadas en comisarías, la tasa asciende a 284.

El informe Prison Matters 2025 de UNODC estima que a fines de 2023 había 11,7 millones de personas presas en el mundo, 145 cada 100.000 habitantes. Argentina, con 242 ese mismo año, estaba dos tercios por encima del promedio mundial; en 2024 la distancia se amplió. La comparación tiene un matiz: las cifras de UNODC incluyen a las personas en prisión preventiva en cualquier tipo de establecimiento, mientras que la tasa argentina de 261 excluye a las detenidas en comisarías. Con ese ajuste, Argentina casi duplica el promedio global.

Casi tres décadas de crecimiento

La serie que el SNEEP reconstruyó hacia atrás con datos del Registro Nacional de Reincidencia permite ver el recorrido desde 1996, cuando había 25.163 personas presas y la tasa era de 71 cada 100.000 habitantes. En veintiocho años la cantidad se multiplicó por 4,8 y la tasa por 3,7; la población del país creció algo más de 30% en el mismo lapso. En los años setenta y comienzos de los ochenta, con las salvedades que impone la calidad de los registros de la época, la tasa oscilaba entre 60 y 100.

El crecimiento no fue uniforme. Entre 1996 y 2005 la población penitenciaria se duplicó, con un tramo especialmente rápido alrededor de la crisis de 2001-2002, cuando también los robos alcanzaron su máximo histórico. Siguieron cuatro años de estabilidad, con leves descensos en 2006 y 2007. Desde 2010 el crecimiento se reanudó y a partir de 2016 se aceleró: entre 2016 y 2019 la población pasó de 76.261 a 100.634 personas, un 32% en tres años, el tramo más empinado de toda la serie. La pandemia produjo en 2020 la única baja significativa en dos décadas, de 5,7%, asociada a la desaceleración de los procesos judiciales y a las medidas de morigeración adoptadas ese año. Desde 2021 la tendencia se recuperó por completo: 2024 es el cuarto año consecutivo de aumento y los últimos cuatro años suman un crecimiento de 27%.

El contraste con el resto del mundo es la parte menos conocida de esta historia. Según UNODC, la población carcelaria mundial creció 5,8% entre 2013 y 2023, menos que la población general, de modo que la tasa global bajó levemente. En ese mismo período la población penitenciaria argentina creció 74% y su tasa, 58%. El propio informe identifica a América del Sur como la subregión con mayor crecimiento de la tasa de encarcelamiento en la década (28%) y nombra a Brasil, Argentina y Perú como los países que explican ese aumento. La cifra argentina duplica el promedio subregional. En el otro extremo, Europa oriental redujo su tasa 41% y América del Norte, 25%, aunque esta última sigue siendo la subregión con más presos por habitante del mundo.

Argentina en el mapa regional

Las Américas concentran un tercio de la población carcelaria mundial y sus subregiones, con excepción del Caribe, registran tasas superiores a 200 cada 100.000 habitantes. En ese contexto, Argentina ocupa una posición intermedia dentro de América del Sur. Con los datos más recientes del World Prison Brief que reproduce el propio informe SNEEP, Uruguay (449), Brasil (416), Chile (316) y Perú (292) tienen tasas más altas; Bolivia (252), Paraguay (250), Colombia (200), Venezuela (199) y Ecuador (186), más bajas.

La comparación entre países exige dos cautelas. Las fechas difieren: la de Argentina corresponde a diciembre de 2024, la de Venezuela a marzo de 2022 y la de Chile a abril de 2025. Y los países no coinciden en qué cuentan: algunos incluyen a las personas detenidas en dependencias policiales y otros no. Si se toma la cifra argentina con comisarías (284), el país supera a Bolivia y Paraguay y se acerca a Perú y Guyana. Ninguna de estas variantes altera la conclusión general: Argentina no es el país que más encarcela en la región, pero la distancia con los que menos lo hacen se ha reducido, y la brecha con el promedio mundial se ha ensanchado.

Menos presos sin condena, pero todavía muchos

La proporción de personas detenidas sin condena firme es, junto con la tasa de encarcelamiento, el indicador que UNODC utiliza para seguir la meta de acceso a la justicia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el mundo, 3,7 millones de personas estaban en prisión preventiva en 2023, alrededor del 30% del total, una proporción que se mantiene estable desde 2013. Las Américas se ubican en 29%, Europa en 19% y África y Oceanía en 37%; en Asia meridional, dos de cada tres presos no tienen condena.

Argentina viene de muy arriba. En 2002, el 59% de las personas detenidas estaba procesada, es decir, a la espera de una sentencia de primera instancia. Esa proporción se mantuvo por encima del 55% hasta 2009, cayó por debajo de la mitad en 2016 y en 2024 llegó a 38,8%. Es un cambio estructural que el informe oficial describe como una inversión de la relación histórica entre procesados y condenados. Pero el nivel actual sigue nueve puntos por encima del promedio mundial y diez por encima del regional, y en cantidad absoluta las personas sin condena no dejaron de aumentar: eran 27.254 en 2002, 31.874 en 2013 y 46.828 en 2024. Lo que cambió es que las personas condenadas crecieron mucho más rápido, de 18.277 a 72.894 en el mismo lapso.

El tiempo de espera también se alargó. Entre las personas procesadas al 31 de diciembre de 2024, la mitad llevaba más de un año detenida y el 28% más de dos años; en 2013 y 2019 esa última proporción era de 22%. La reducción de la proporción de procesados convivió, entonces, con un núcleo creciente de personas que atraviesan procesos largos en prisión.

La diferencia por sexo es el hallazgo que más se aparta del patrón internacional. UNODC observa que en el mundo la proporción de mujeres presas sin condena (30%) es similar a la de los varones (32%), y que solo en África y Oceanía las mujeres enfrentan un riesgo claramente mayor de prisión preventiva. En Argentina, el 48% de las mujeres detenidas estaba sin condena en 2024, contra el 38% de los varones, una brecha de diez puntos que se mantiene desde el inicio de la serie: en 2002 era de 64% contra 59% y en 2013 de 62% contra 49%. La convergencia hacia niveles más bajos de prisión preventiva llegó a las mujeres más tarde y con menos intensidad.

Veinticuatro tasas de encarcelamiento

Para comparar provincias este artículo utiliza un criterio distinto del habitual: en lugar de contar a las personas según dónde está la cárcel que las aloja, las asigna a su última provincia de residencia, un dato que el SNEEP registra para el 99,5% de los detenidos de 2024. La razón se explica con un ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires no tiene servicio penitenciario propio; sus detenidos están en unidades federales situadas en su mayoría en Ezeiza y Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Contados por ubicación, la Ciudad aparece con 1.538 detenidos y una tasa de 50; contados por residencia, con 5.156 y una tasa de 167. El criterio de residencia responde mejor a la pregunta de cuántas personas de cada provincia están presas.

Con ese criterio, cinco jurisdicciones superan el promedio nacional: Córdoba (354 cada 100.000 habitantes), Mendoza (343), Buenos Aires (332), Salta (317) y Santa Fe (285). En el extremo opuesto, Neuquén (83), San Luis (101), Santiago del Estero (104) y Tucumán (108) tienen tasas que son menos de un tercio de las de Córdoba o Mendoza. La provincia de Buenos Aires aporta el 48% de las personas presas del país con el 38% de su población.

Aquí interviene la limitación señalada al comienzo. En Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y La Pampa, entre el 40% y el 70% de las personas privadas de la libertad están en comisarías, no en unidades penitenciarias, según el relevamiento del propio SNEEP y los informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Sus tasas penitenciarias bajas describen menos una política de encarcelamiento moderada que un sistema donde la cárcel y la comisaría se reparten la función de alojar detenidos. Tucumán tenía 1.469 personas en comisarías a fin de 2024; Chaco, 1.135; Santiago del Estero, 872. La tabla siguiente presenta ambas cifras.

Personas privadas de la libertad por jurisdicción, 2024

Detenidos y tasa según última provincia de residencia (SNEEP, base de microdatos); 648 personas sin dato de residencia no están asignadas. Detenidos en comisarías según el relevamiento SNEEP sobre dependencias policiales, por ubicación; excluye 582 personas en dependencias de fuerzas federales. En Chubut y La Pampa las personas alojadas en comisarías se informan dentro del censo penitenciario.

La evolución de la última década muestra un crecimiento generalizado: veintitrés de las veinticuatro jurisdicciones aumentaron su tasa entre 2014 y 2024 y solo Catamarca la redujo. Pero la intensidad varió mucho. Santa Fe triplicó su tasa (de 92 a 285), Córdoba la duplicó (de 170 a 354) y Entre Ríos casi la duplicó (de 96 a 189). Tres jurisdicciones, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, explican el 73% del aumento nacional de personas presas en la década. El caso de Santa Fe merece atención en relación con el artículo anterior de esta serie: la provincia que registró la mayor caída de homicidios del país entre 2023 y 2024 es también la que más aumentó su población carcelaria en diez años, y su tasa de encarcelamiento pasó de estar entre las más bajas del país a ubicarse quinta.

Quiénes están presos

El informe de UNODC dedica atención especial a las mujeres presas, que son el 6,5% de la población carcelaria mundial y el 7,1% en las Américas, la región con mayor proporción. Argentina está por debajo de ambas cifras: 5.213 mujeres, el 4,3% del total, junto con 206 personas trans y no binarias. La participación femenina fue de 5,5% en 2006 y bajó hasta un mínimo de 3,8% en 2020, para recuperarse levemente después. En términos de tasa, hay unos 515 varones presos cada 100.000 varones y 22 mujeres cada 100.000 mujeres; los valores mundiales que estima UNODC son 269 y 19. El exceso argentino respecto del promedio global se concentra en los varones.

El perfil de las mujeres detenidas difiere del de los varones en el delito y en la situación procesal. Para el 37% de ellas el delito principal es una infracción a la ley de estupefacientes, contra el 11% de los varones; el robo, que es el delito más frecuente entre los varones (30%), alcanza al 20% de las mujeres. Setenta y cinco mujeres vivían con sus hijos en el establecimiento a fin de 2024, una cifra que se redujo a la mitad respecto de la década anterior, cuando oscilaba entre 130 y 200.

El rasgo demográfico más notable de los últimos veinte años es el envejecimiento. En 2006, la edad mediana de las personas detenidas era de 29 años y los menores de 25 eran el 28% del total; en 2024 la mediana es de 34 años y los menores de 25 son el 13%. Los mayores de 45 pasaron del 12% al 21%. Este cambio es consistente con el crecimiento de los delitos sexuales, cuyos autores son en promedio mayores, con el alargamiento de las condenas efectivamente cumplidas y con el propio efecto acumulativo de una población que crece más por permanencia que por ingreso.

Otros rasgos son estables. El 95% de las personas presas es de nacionalidad argentina; entre las extranjeras predominan las de Paraguay (2.022), Bolivia (966) y Perú (913). El 62% tenía, como máximo, la primaria completa al momento de ingresar (10% sin instrucción, 20% con primaria incompleta, 31% con primaria completa) y apenas el 12% tenía secundario completo o estudios superiores. Un tercio estaba desocupado cuando fue detenido y otro 41% tenía un trabajo de tiempo parcial; solo uno de cada cuatro trabajaba a tiempo completo.

Por qué delitos

El SNEEP registra hasta cinco delitos por persona; este análisis toma el primero, que las unidades informan como el principal. Con ese criterio, en 2024 el robo y su tentativa siguen siendo el motivo más frecuente de detención (35.600 personas, 29,5%), seguidos por las violaciones y abusos sexuales (23.002, 19%), las infracciones a la ley de estupefacientes (14.180, 12%) y los homicidios dolosos (14.050, 12%, o 14% si se suman las tentativas).

La composición cambió de manera pronunciada. En 2006, cuatro de cada diez personas presas lo estaban por robo; en 2024, menos de tres. Los delitos contra la integridad sexual, que representaban el 8% de la población penitenciaria, hoy son el 20%: pasaron de 4.280 personas a 24.401, casi seis veces más, mientras la población total se multiplicaba por 2,2. El crecimiento es continuo desde 2016 y no se detuvo con la pandemia. Las infracciones a la ley de estupefacientes crecieron hasta 2018, cuando llegaron al 15%, y luego retrocedieron al 12%. El homicidio doloso mantuvo una participación estable, entre 13% y 16%, a lo largo de todo el período, aun cuando la tasa de homicidios del país cayó a la mitad: la cantidad de personas presas por ese delito subió de 7.261 a 16.837 porque las condenas por homicidio son largas y se acumulan.

El informe oficial advierte que esta distribución no es comparable con la de los delitos registrados por las policías, donde los robos y hurtos son abrumadoramente mayoritarios y los homicidios, los abusos sexuales y el narcotráfico tienen un peso mucho menor. La cárcel filtra: retiene proporcionalmente más a quienes cometen los delitos más graves, con penas más largas y menor acceso a alternativas a la prisión. El aumento de los delitos sexuales en la población penitenciaria puede reflejar, en proporciones que los datos no permiten separar, un mayor número de denuncias, una mayor tasa de condena y un endurecimiento de las penas y de la ejecución de esas penas.

Condenas y reincidencia

De las 72.894 personas condenadas, y entre las que tienen dato, el 18% cumple penas de hasta tres años, el 54% de entre tres y nueve y el 28% de más de nueve; 3.398 tienen prisión o reclusión perpetua. La proporción de penas cortas creció: el informe oficial señala que el porcentaje de condenados a menos de tres años aumentó 166% desde 2002 en relación con el total de condenados. Son las personas para las que UNODC plantea con más insistencia la conveniencia de medidas no privativas de la libertad, en línea con las Reglas de Tokio, por el costo de la prisión y por la evidencia de que las penas breves de encierro ofrecen escaso margen para cualquier intervención.

El 72% de los condenados es primario, es decir, no tiene declaración judicial de reincidencia; el 19% es reincidente en los términos del artículo 50 del Código Penal y el 9% es reiterante, categoría que agrupa a quienes tienen condenas anteriores sin que se haya declarado formalmente la reincidencia. Estas proporciones se mantienen desde hace más de una década. No deben confundirse con una medida de reincidencia en el sentido en que la usa la investigación criminológica, esto es, la proporción de personas liberadas que vuelven a delinquir o a ser detenidas dentro de un plazo determinado. Argentina no cuenta con un sistema de seguimiento de egresados que permita calcularla, y la ausencia de ese dato es una de las carencias más serias de la estadística penal del país.

La vida adentro: sobrepoblación, actividades, muertes

El eje del informe Prison Matters 2025 es la noción de entornos penitenciarios rehabilitadores. Su tesis, apoyada en la literatura científica y en estudios de campo en cinco países, es que la posibilidad de que una persona salga de la cárcel en mejores condiciones que las que la llevaron a ella depende menos de programas aislados que de las condiciones generales del encierro: el espacio, la seguridad, la relación con el personal, el acceso a educación y trabajo, el contacto con el exterior. UNODC identifica la sobrepoblación como el principal obstáculo a esos entornos, presente en el 60% de los 181 países con datos y, en América del Sur, en más del 90%.

El SNEEP mide la sobrepoblación a partir de la capacidad que declara cada establecimiento, un criterio que el propio informe reconoce como heterogéneo. Con esa salvedad, la sobrepoblación promedio del sistema fue de 22,9% en 2024, la misma que en 2019 y superior al 20,5% de 2023. La serie oficial muestra cómo se llegó a ese punto: en 2010 la ocupación estaba en el límite de la capacidad, subió a 12% de exceso en 2016 y a 22% en 2018; la pandemia la redujo a 12,5% y desde entonces vuelve a crecer. Los organismos de monitoreo estiman niveles más altos en varias jurisdicciones, y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura calculó una sobrepoblación de 37% en las dependencias policiales a fines de 2023.

Sobre las actividades, el censo pregunta a cada persona qué hizo durante el año. En 2024, el 45% participó de algún programa educativo (35% en educación formal y 10% en cursos), el 29% tuvo trabajo remunerado, el 23% recibió capacitación laboral y el 85% recibió visitas. Estas proporciones se mantienen relativamente estables desde 2015, aunque los registros de trabajo remunerado varían de un año a otro en algunas provincias de un modo que sugiere cambios en la forma de informar más que en la realidad. El 5,8% de las personas detenidas resultó lesionada durante el año, en casi la mitad de los casos por hechos producidos por otros internos y en 510 casos por agentes del establecimiento; 148 personas registraron un intento de suicidio y el 9% participó de alguna alteración del orden.

La diferencia entre el sistema federal y los provinciales es la mayor que muestran los datos. El Servicio Penitenciario Federal aloja a 11.728 personas, una de cada diez; de ellas, el 90% participó de un programa educativo y el 61% tuvo trabajo remunerado. En los servicios provinciales, que alojan a las 108.972 restantes, esas proporciones son de 40% y 26%. La comparación es imperfecta, porque el sistema federal concentra una población con más condenados y penas más largas, pero la magnitud de la brecha indica que las condiciones del encierro en Argentina dependen en primer lugar de qué jurisdicción administra la cárcel.

Sobre las muertes en prisión, que UNODC considera el indicador más directo de las condiciones de seguridad, el SNEEP no publica una cifra nacional consolidada. Para el sistema federal, la Procuraduría de Violencia Institucional registró 40 muertes en 2024, 27 por causas no traumáticas y 13 traumáticas, entre ellas cinco suicidios. En relación con la población del sistema, equivale a unas 340 muertes cada 100.000 detenidos, un orden de magnitud similar al promedio mundial de 294 que calcula UNODC sobre 95 países, y una tasa de suicidios de 43 cada 100.000, frente a 33 en el promedio global. No existe un dato equivalente para los sistemas provinciales, donde está el 90% de las personas presas. Tampoco el SNEEP informa la cantidad de personal penitenciario, por lo que no es posible calcular para Argentina la relación entre detenidos y agentes, que en América del Sur es de 6,2 a uno según UNODC y de 1,9 a uno en Europa.

Lecturas y preguntas abiertas

La primera lectura es la del contraste con los artículos anteriores. Argentina llega a 2024 con la tasa de homicidios más baja de su historia estadística y con la población carcelaria más alta. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo y no se explican una a la otra de manera simple: la cárcel retiene a personas condenadas por delitos cometidos años antes, los homicidios son una fracción pequeña de los motivos de detención, y el crecimiento penitenciario se concentró en delitos sexuales y en la acumulación de condenas largas más que en la incapacitación de autores de violencia letal. La relación entre encarcelamiento y delito es una de las preguntas más estudiadas de la criminología y también una de las que menos respuestas concluyentes tiene; los datos argentinos, con su crecimiento sostenido y su caída de homicidios, ofrecen un caso que merecería más análisis del que ha recibido.

La segunda es la de la trayectoria. Los datos no muestran señales de desaceleración: el aumento de 2024 es el mayor desde 2018 y la sobrepoblación volvió al máximo previo a la pandemia. Con el ritmo de la última década, la población penitenciaria superaría las 150.000 personas antes de 2030. Sostener ese crecimiento requiere una expansión de la infraestructura carcelaria que ninguna jurisdicción ha logrado acompañar hasta ahora, como muestra el crecimiento paralelo de las comisarías como lugar de alojamiento permanente.

La tercera es la de la información. El SNEEP es una de las mejores estadísticas públicas del sistema penal argentino: un censo anual, individual, con veintitrés años de continuidad y microdatos abiertos. Sus vacíos, sin embargo, son los que más importan para evaluar el sistema: no hay una cifra nacional de muertes en prisión, no hay datos de personal, no hay seguimiento de las personas liberadas y la medición de la capacidad depende de lo que declara cada establecimiento. El informe de UNODC concluye que los entornos rehabilitadores pueden planificarse y gestionarse, y que eso exige monitoreo y evaluación sistemáticos. En Argentina, ese monitoreo tiene todavía una base incompleta.

Fuentes

Ministerio de Justicia de la Nación, Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), base de microdatos unificada 2002-2024 (datos.jus.gob.ar); Informe Nacional SNEEP 2024 e Informe Nacional SNEEP 2023, incluido el Relevamiento sobre personas detenidas en comisarías y fuerzas de seguridad. UNODC, Prison Matters 2025: Global Prison Population and Trends; A Focus on Rehabilitative Environments (Viena, julio de 2025). Institute for Crime & Justice Policy Research, World Prison Brief, según la reproducción del Informe SNEEP 2024. Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Ministerio Público Fiscal de la Nación: Muertes en cárceles federales, informe 2024. Comité Nacional para la Prevención de la Tortura: La privación de la libertad en el ámbito policial en datos, Argentina 2024. INDEC: Censo 2022 (resultados definitivos) y proyecciones de población por provincia, Censos 2010 y 2022.

Ficha técnica

Datos. Se utilizó la base de microdatos unificada del SNEEP para el período 2002-2024, con 1.669.175 registros y 90 variables, publicada por el Ministerio de Justicia. Cada registro corresponde a una persona alojada en un establecimiento penitenciario al 31 de diciembre del año respectivo. Desde 2016 la cantidad de registros de la base coincide exactamente con los totales publicados en los informes nacionales; entre 2002 y 2015 la base contiene levemente menos registros, con diferencias mayores en 2003 (9.311 registros menos) y 2005 (11.734 menos), atribuibles a unidades de la provincia de Buenos Aires ausentes de la base. Por esa razón, la serie nacional de cantidad y tasa utiliza los totales publicados por el SNEEP, y la base de microdatos se emplea para la composición (situación legal, sexo, edad, delito, actividades). Las proporciones calculadas sobre la base para 2002-2015 pueden diferir en algunas décimas de las oficiales. Los gráficos de composición por delito y edad comienzan en 2006 para evitar el efecto de las lagunas de 2003-2005.

Serie histórica. Los datos de 1996-2001 y de 1972-1983 provienen del cuadro histórico del Informe SNEEP, reconstruido a partir del Registro Nacional de Reincidencia y de los servicios penitenciarios, con lagunas para algunos años y provincias que el propio informe advierte. Se los presenta como contexto y no se utilizan para cálculos de variación.

Base poblacional. Las tasas nacionales y provinciales de 2022 a 2024 se calculan sobre las proyecciones del Censo 2022 y las de 2010 a 2021 sobre las del Censo 2010, el mismo criterio adoptado en toda esta serie de artículos. El Informe SNEEP 2024 calcula su tasa de 256 sobre una proyección de 47.067.641 habitantes basada en el Censo 2010; con la proyección del Censo 2022 (46.301.743) la tasa es de 261. La diferencia no afecta ninguna de las comparaciones del artículo. Las tasas de 1996 a 1999 son las publicadas por el SNEEP. Las tasas por sexo se calcularon aplicando a la proyección de 2024 la distribución por sexo del Censo 2022 (48,3% varones, 51,7% mujeres) y son aproximadas.

Tasas provinciales. Se asignó a cada persona a su última provincia de residencia (variable ultima_provincia_residencia), disponible para el 99,5% de los registros de 2024 y el 98,8% de 2014; las personas sin dato no se asignaron a ninguna jurisdicción. Este criterio difiere del que emplean los informes jurisdiccionales del SNEEP, que cuentan por servicio penitenciario. La comparación 2014-2024 se eligió en lugar de 2013-2024 porque en 2013 el dato de residencia falta para el 5,5% de los registros. Las poblaciones provinciales son las proyecciones del INDEC implícitas en las tasas del SNIC, para mantener la coherencia con los artículos anteriores.

Personas en comisarías. El SNEEP releva por separado a las personas alojadas en comisarías, alcaidías y dependencias de fuerzas federales de seguridad (12.885 al 31 de diciembre de 2024), con un cuestionario reducido que no permite integrarlas al análisis de perfil. Las cifras provinciales de la tabla corresponden a ese relevamiento y están contadas por ubicación de la dependencia. En Chubut y La Pampa, las personas en comisarías se informan dentro del censo penitenciario; en Tierra del Fuego no hay detenidos en comisarías. Los porcentajes de detenidos en comisarías sobre el total de cada provincia se tomaron del informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sobre 2024.

Delito principal. El SNEEP registra hasta cinco delitos por persona y el informe oficial presenta el total de menciones, que supera a la cantidad de personas. Este artículo clasifica a cada persona por el primer delito informado (delito1). Los delitos sexuales agrupan las categorías "violaciones/abuso sexual" y "otros delitos contra la integridad sexual"; los estupefacientes, las infracciones a la ley 23.737 y el contrabando de estupefacientes; el homicidio doloso incluye las tentativas cuando así se indica.

Prisión preventiva. La categoría "procesado/a" del SNEEP corresponde a la definición de UNODC de persona sin sentencia de primera instancia. El tiempo en detención se calculó como la diferencia entre el 31 de diciembre y la fecha de detención registrada, disponible para el 96% de los procesados de 2024 (85% en 2013). Las mujeres, los varones y las personas trans y no binarias se identifican según la variable de género autopercibido que el SNEEP incorporó en 2015; para los años anteriores solo se distingue varón y mujer.

Indicadores de vida en prisión. Las variables de participación en programas educativos, trabajo remunerado, capacitación laboral, visitas, lesiones, intentos de suicidio y alteraciones del orden son informadas por cada establecimiento a partir de sus registros administrativos y presentan una heterogeneidad considerable entre jurisdicciones y entre años, en particular la de trabajo remunerado. Los porcentajes se calcularon sobre el total de personas detenidas, incluidos los registros sin dato (entre 1% y 3% según la variable), por lo que constituyen un piso. La comparación entre el sistema federal y los provinciales no controla por composición de la población.

Sobrepoblación y muertes. El índice de sobrepoblación es el que publica el Informe SNEEP, calculado sobre la capacidad declarada por cada establecimiento; el informe advierte que no todas las instituciones aplican el mismo criterio. Las muertes en el sistema federal provienen del informe anual de PROCUVIN, que releva los partes del Servicio Penitenciario Federal y los coteja con la Procuración Penitenciaria de la Nación; la tasa por 100.000 se calculó sobre la población federal al 31 de diciembre de 2024 (11.728). El SNEEP incluye en su cuestionario institucional un cuadro de fallecimientos por establecimiento, pero no publica un consolidado nacional.

Comparación internacional. Las cifras mundiales y regionales provienen de Prison Matters 2025 y corresponden a 2023 o al último año disponible; UNODC las estima a partir de las respuestas de los Estados al cuestionario UN-CTS, complementadas con el World Prison Brief. Las tasas de los países sudamericanos son las que reproduce el Informe SNEEP 2024 desde el World Prison Brief, con fechas que van de marzo de 2022 (Venezuela) a abril de 2025 (Chile y Guyana Francesa), y los países difieren en la inclusión de personas detenidas en dependencias policiales. La variación argentina 2013-2023 se calculó sobre las tasas oficiales (152,3 y 240,0) para hacerla comparable con la década que analiza UNODC.