SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ARGENTINA

Una vez conocida la existencia de un delito, se pone en funcionamiento el sistema de justicia penal, principal recurso de un Estado para la persecución y control de la actividad delictual, mediante el trabajo complementario y coordinado de la policía y la justicia.

La eficiencia del sistema de justicia penal de un país debería medirse en términos de sus resultados en cuanto a la reducción de sus niveles de violencia y criminalidad. No existe, sin embargo, consenso en torno a los caminos mediante los cuales estos resultados pueden ser alcanzados. Diversos estudios científicos realizados en diferentes países arrojan conclusiones contradictorias acerca de la relación, por ejemplo, entre la evolución de las tasas de encarcelamiento y las tasas de delito. El análisis de la evolución de estos indicadores en nuestro país en los últimos 15 años tampoco permite extraer conclusiones definitivas sobre la mencionada relación.

Sí hay coincidencia en destacar el efecto disuasorio que tiene la idea de sufrir una condena por la comisión de un delito. Al respecto, se debe destacar que generalmente tiene un mayor impacto la percepción de la probabilidad de ser condenado que la duración de la condena en sí misma. De allí que se considera más importante el diseño e implementación de políticas orientadas a lograr una mayor inclusión social y la reducción de impunidad, antes que en la mera la legislación en pos de penas más severas. Si la percepción de la probabilidad de ser condenado por un delito es baja o, en otras palabras, se percibe que existe un gran nivel de impunidad, el esperado efecto disuasorio del sistema de justicia penal termina siendo anulado.

Recursos

La capacidad institucional del Estado es uno de los factores críticos que condicionan el accionar en pos de la generación y mantenimiento de las condiciones de seguridad ciudadana en el marco de los derechos humanos para la ciudadanía.

Esta apartado presenta indicadores estandarizados a nivel internacional para la evaluación de distintos aspectos del sistema de justicia penal: los recursos del sistema, los niveles de punitividad, y el sistema penitenciario, tanto a nivel nacional como para la Provincia de Córdoba. Las principales fuentes de información consultados son el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ), y el Registro Nacional de Reincidencias (RNR), el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNNEP).

Se presentan a continuación los principales indicadores en relación a los recursos del sistema de justicia penal. En primer lugar, los del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, y luego los de las policías, en tanto auxiliares del sistema de Justicia. 

Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal

En la Argentina hay 17.056 Magistrados, funcionarios y empleados en el fuero penal, lo que implica una tasa de 39.8 empleados cada 100.000 habitantes, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales para el año 2016. Hay 2.098 magistrados en el fuero penal, 4.9 cada 100.000 habitantes.

 El Ministerio Público Fiscal, por su parte, cuenta con 16.850 fiscales, funcionalrios y empleados en el fuero penal, una tasa de 39.3 recursos cada 100.000 habitantes. Con un total de 1.681 fiscales, la tasa es de 3.9 cada 100.000 habitantes.

Policía

Además de constituir una de las manifestaciones más inmediatas y evidentes del accionar del Estado en relación a la seguridad, la presencia de policías es una de las demandas más frecuentes de parte de la población. Varios estudios internacionales señalan, sin embargo, que no es posible establecer una relación directa entre la cantidad de policías y los niveles de inseguridad de un país. Por otra parte, factores como el nivel de preparación de las fuerzas, el equipamiento tecnológico y las estrategias de policiamiento, deberían ser analizadas junto con el mero indicador cuantitativo de cantidad de personal.

La mayoría de las fuerzas policiales de los países de la región han atravesado (o están atravesando) procesos de reformas tendientes a su democratización, en una primera etapa, y a la adecuación de sus estructuras y funciones al paradigma de la seguridad ciudadana, en la etapa actual.

Las comparaciones internacionales muestran una alta variabilidad en la tasa de policías cada 100.000 habitantes. Como parámetro para la cantidad de policías, Naciones Unidas recomienda a los estados contar con 300 efectivos cada 100.000 habitantes. Argentina es el país de América con mayor tasa de policías (803 policías cada 100.000 habitantes, según datos del año 2015). Le sigue Uruguay, otro país con una tasa de 677. Con menos de 200 efectivos cada 100.000 habitantes se encuentran Estados Unidos (198), Guatemala (193) y Canadá (191).

A nivel subnacional, y entre las principales provincias del centro del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor cantidad de policías cada 100.000 habitantes (803), mientas que le siguen Santa Fe (646), Córdoba (604), Buenos Aires (551) y Mendoza (503), según datos actualizados al año 2017 calculados sobre las respectivas proyecciones de población para ese año.

Desempeño

América Latina es la región con mayores niveles de impunidad a nivel global, mientras que Europa se encuentra en el extremo opuesto, según el Índice de Impunidad Global del año 2017 , situándose nuestro país algo por debajo del promedio regional. Este índice es una construcción a partir de una serie de indicadores que generalmente no están disponibles a nivel subnacional. En su lugar, para los propósitos de este estudio y por cuestiones prácticas, se recurre a un indicador simplificado, como lo es la tasa de resolución de delitos, interpretado de manera generalizada como un indicador más o menos directo de los niveles de impunidad.

 La tasa de resolución de delitos, (teniendo en cuenta sólo los delitos denunciados), es menor al 3.7%, calculada a partir de la cantidad de hechos delictivos que se cometen y la cantidad de delitos incluidos en sentencias condenatorias en nuestro país. La tasa es menor, por supuesto, si se tiene en cuenta que sólo una proporción del total de delitos es denunciada. En el año 2006 se denunciaron en Argentina 1.502.676 delitos, mientras que se dictaron sólo 37.063 sentencias condenatorias, que incluyeron a 55.070 delitos . Este indicador debe ser interpretado con precaución, ya que deben tenerse en cuenta los tiempos procesales; no es de esperar que los delitos cometidos en un año sean resueltos en el transcurso del mismo período, sino más bien un desfasaje que tenga en cuenta estos procesos. Se debe notar, sin embargo, que las tasas de resolución no varían significativamente si se analizan las sentencias condenatorias de un año específico respecto de los delitos denunciados en el año inmediato anterior o incluso dos años antes.

Al analizar este indicador según el tipo de delito, se observa que los homicidios y los delitos contra la integridad sexual tiene las tasas de resolución más altas (70.6% y 34.1%, respectivamente).

La mayor proporción de sentencias condenatorias sobre el total de las mismas, son las que refieren a delitos contra la propiedad (32.5%) -ello se explica por la mayor prevalencia de este tipo de delitos-.

La condena típica (entre las que imponen penas de reclusión, sin considerar las multas e inhabilitaciones que imponen la gran mayoría de las sentencias condenatorias), tiene una duración de entre tres y seis años (el 34.7% de las condenas a nivel nacional).

El 26.7% de los procesos judiciales que finalizan con sentencias condenatorias tienen una duración de hasta seis meses, mientras que el 17.1% dura más de tres años. Uno de cada tres procesos dura más de dos años hasta llegar a una sentencia condenatoria.

Toda persona tiene derecho a obtener una sentencia judicial en un plazo razonable. El Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre los Derechos Humanos), que tiene jerarquía constitucional a partir de su incorporación a la Constitución Nacional a en la reforma del año 1994, establece el derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable. Si bien queda fuera del alcance de este trabajo profundizar sobre las causas de la llamada mora judicial, cabe mencionar entre los factores que la afectan la insuficiencia de recursos del sistema judicial, altos niveles de litigiosidad, una excesiva actividad recursiva y limitaciones de los códigos de procedimientos, y en la investigación criminal.
Seis de cada diez (62.6%) sentencias condenatorias (entre las que imponen penas privativas de la libertad), imponen condenas menores a los tres años. Menos del 10% imponen penas de entre 3 y 5 años, y alrededor de un tercio, penas mayores a los 5 años. Hay un 0.3% de las condenas a prisión perpetua.

Uno de los principales objetivos del sistema penitenciario es la rehabilitación de los condenados para su posterior reinserción en la sociedad. La reincidencia, en ese sentido, es un indicador del fracaso del sistema en cuanto al objetivo. Uno de cada cinco condenados en el país ya lo había sido con anterioridad. El 20.6% de las condenas aplicadas a nivel nacional son a reincidentes.

La demora en tramitación de las causas, sumada a la baja tasa de resolución de delitos, genera una sensación de impunidad que afecta negativamente las percepciones de la población sobre el sistema de justicia y la confianza hacia el mismo.

Población penitenciaria

La literatura indica que los efectos del encarcelamiento sobre los niveles de actividad criminal se manifiestan por diferentes vías: En primer lugar, y en términos potenciales, por su efecto disuasorio en tanto amenaza por el resultado de la comisión de un delito, como ya se desarrollado. El segundo efecto, de orden más práctico, se produce por la limitación del accionar de los delincuentes mientras se encuentran privados de la libertad. Un tercer efecto esperado es la rehabilitación y la reinserción social de la persona, aunque la evidencia indica que este último objetivo es de difícil cumplimiento. Las cárceles operan en muchos casos en el sentido contrario al esperado, convirtiéndose entornos que potencian el involucramiento con la actividad criminal, ya sea por la vinculación con el ambiente delincuencial o por la estigmatización de las personas que han estado privadas de la libertad, que les dificulta una posterior reinserción laboral. Los indicadores de reincidencia son una clara evidencia en este sentido.

La tasa de encarcelamiento a nivel mundial es de 144 personas cada 100.000 habitantes, con una población carcelaria global de más de diez millones de presos, calculada para el año 2015. América es el continente con mayor tasa de encarcelamiento (387 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes), seguida por Europa (192), Oceanía (140), Asia (94) y África (94). China, Rusia, Estados Unidos y Brasil, cuatro países que concentran en conjunto el 30% de la población mundial, tienen más de la mitad de la población penitenciaria del mundo.

En nuestro país existen 290 unidades de detención, 257 provinciales y 33 del Servicio Penitenciario Federal. De acuerdo a datos del SNEEP , al 31 de diciembre de 2016 había 76 mil personas privadas de la libertad en nuestro país, lo que arroja una tasa de 175 presos cada 100.000 habitantes.

Si se comparan esos datos con otros países de la región, se observa que Argentina se encuentra entre el grupo de países con menor proporción de presos por habitante. Estados Unidos (679) lidera el ranking continental, seguido por Brasil, Uruguay, Chile y Colombia, en ese orden, con valores iguales o superiores a 250 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes.

Las cinco provincias con mayor tasa de población penitenciaria del país son Salta (250), Buenos Aires (232), Mendoza (230) y La Pampa (222) y Córdoba (203). Las jurisdicciones con menores tasas son CABA (55), Santiago del Estero (60), Tucumán (73) y Corrientes (91), todas con menos de 100 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes.

Si se analiza la evolución de la tasa de población penitenciaria, se observa una tendencia ascendente de manera constante en el ámbito nacional, pasando de 144 presos cada 100.000 habitantes al 31 de diciembre del año 2010 a 175 a la misma fecha del año 2016, un incremento del 21.5%. La tendencia es similar para la mayoría de los países de la región, con la excepción de Chile.

Poco más de la mitad (51.6%) de la población penitenciaria argentina ha sido condenada, el resto (49.4%) permanece alojada en establecimientos penitenciarios en situación de proceso judicial. Desde ya que la situación de condena de la población penitenciaria es un indicador de la eficiencia del sistema judicial, siendo uno de sus objetivos importantes que en las cárceles esté alojada una mayor proporción de personas privadas de la libertad con condena, frente a aquellas que no la tienen. Los países del continente con mayor proporción de condenados son Bolivia (63.4%), Venezuela (63.4%), Uruguay (69.4%) y Paraguay (77.6%). En Chile y Estados Unidos, más del 70% de quienes están detenidos en establecimientos penitenciarios no tienen condena.

La tendencia de la proporción de población penitenciaria con condena ha ido en aumento en los últimos 15 años en nuestro país.

El robo o tentativa de robo es el delito que más ha sido imputado (34.9% a los presos de nuestro país. A un 11.7% se le imputan delitos contra le ley de estupefacientes, y a una proporción similar se le imputa homicidio. Un 7.8% está imputado de violación.

Más de la mitad de la población carcelaria con condena tiene penas de entre tres a nueve años de duración. La pena típica que purgan los condenados es de entre tres y seis años (el 34.7% de la población carcelaria a nivel nacional), seguida por la pena de seis a nueve años (22.6%).

Se observa que la población penitenciaria es mayoritariamente masculina (más del 95% en ambos casos). Cerca del 60% de los presos tienen menos de 35 años de edad, prevaleciendo el rango etario de 25 a 34 años (38.9%).
El 21.7% de la población penitenciaria a nivel naciolal es reincidente.